05/05/2010
Presidencia de los señores diputados Eduardo Alfredo Fellner y Patricia Susana Fadel
Secretarios: Enrique Roberto Hidalgo, Ricardo José Vázquez y Jorge Armando Ocampos
Prosecretarios: Marta Alicia Luchetta, Andrés Daniel Eleit e Eduardo Santín
Lista de asistencia
SUMARIO
1 - CONSIDERACIÓN DE LOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO (LEY 26.122) REFERIDOS AL DECRETO 1.953 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2009 (0020-JGM-2009). SE APRUEBA EL DICTAMEN II.
2 - CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN POR EL QUE SE DEROGA EL ARTÍCULO 3º DE LA LEY 25.413 Y SUS MODIFICACIONES. SE APRUEBA LA MOCIÓN FORMULADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AGUAD.
-- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del mes de mayo de 2010, a la hora 14 y 39:
1 DECRETO 1.953 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2009
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Continúa la sesión especial.
Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo recaídos en el proyecto de resolución referido al decreto 1.953, de fecha 9 de diciembre de 2009 (Orden del Día N° 116). Se trata de dos dictámenes de comisión con igual cantidad de firmas.
Como es de conocimiento de los señores diputados, en dicha comisión no hay presidente, de tal manera que los dos dictámenes están exactamente en igualdad de condiciones.
-aquí orden del día n°116
SR. PRESIDENTE FELLNER.- En consideración en general.
Por el primer dictamen de comisión tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ.- Señor presidente: el decreto 1.953, del año 2009, fue remitido por el jefe de Gabinete de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente el 17 de diciembre de ese año.
Dicho decreto faculta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a intervenir en el proceso de emisión y colocación de títulos públicos nacionales en los mercados financieros internacionales y su posterior administración. Ese ministerio también faculta, a través del órgano responsable de la coordinación de los sistemas que integran la administración financiera del sector público nacional, a incluir en los contratos que fuera necesario suscribir con terceras personas, cláusulas que establezcan la prórroga de la jurisdicción a favor de tribunales estaduales federales ubicados en Nueva York, Estados Unidos de América, entre otras cuestiones.
Voy a solicitar que, más allá de lo que exponga en este recinto, se me permita insertar el informe completo en el Diario de Sesiones, ya que es extenso; yo me referiré sólo a las cuestiones cuya mención me parece relevante.
Quiero decir al pleno de la Cámara que lo que voy a expresar es fruto de un trabajo colectivo, pero no de un trabajo colectivo del oficialismo en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, sino de la comisión nueva contemplada por la Constitución de 1994 y finalmente conformada en el año 2006, con una tarea novedosa donde tuvimos que formar doctrina.
Recuerdo al diputado mandato cumplido Tonelli por sus buenos aportes jurisprudenciales y doctrinarios, y también las contribuciones del senador Sanz y de muchos otros, con los que en el consenso o en el disenso fuimos generando una doctrina y una posición de la propia comisión, defendiendo siempre su competencia o su incompetencia más que el interés de algún otro órgano de los tres poderes del Estado.
En el caso de este decreto resolvimos en el dictamen, con ocho firmas del oficialismo, tomar simplemente razón del decreto. Lo hicimos así porque consideramos que este decreto no es de aquellos en los que la Comisión Bicameral tenga competencia. No es un decreto de necesidad y urgencia, tampoco es un veto parcial y asimismo no es un decreto delegado, por lo menos en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, respecto de los cuales tiene competencia la Bicameral.
Más allá de los fundamentos del decreto y de las normas a las que él alude, resolvimos que este decreto es un instrumento para la ejecución del artículo 65 de la ley 24.156, que se encuentra dentro de la potestad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo en base al artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.
El otro dictamen, al que de alguna manera podríamos llamar “de la oposición”, no respetó en esta oportunidad lo asentado en casos similares por el ex señor diputado Tonelli y por el senador Sanz. Se apartó de la opinión vertida, firmada y asentada por legisladores del PRO y del radicalismo y generó una doctrina absolutamente inversa.
El dictamen contrario al que estoy defendiendo se funda en que el decreto, por estar basado en una facultad delegada por una ley previa a la Constitución de 1994, no contempla los parámetros que en ese año los constituyentes asentaron en la Constitución Nacional para la delegación legislativa. Por lo tanto, es una delegación que debe seguir siendo analizada y debe rechazarse el decreto hasta tanto la comisión creada ahora por la ley resuelva cuáles delegaciones legislativas previas a 1994 van a seguir vigentes y cuáles no.
Es decir, es un dictamen que con esta argumentación no sólo se aparta de la doctrina asentada en casos similares por el senador radical Sanz y el ex señor diputado Tonelli, del PRO, sino que además genera inseguridad jurídica, porque mantener un decreto en el tiempo, a resolución de lo que otra comisión resuelva, por un mandato y una cláusula transitoria de la Constitución que venimos incumpliendo todos desde hace tanto tiempo, no da la seguridad jurídica que en este momento necesita nuestro país para dar certeza al mercado interno, al mercado internacional y para poder desendeudarnos y seguir así en el camino del crecimiento.
Voy a fundamentar por qué debemos solamente tomar razón del decreto 1.953 y no expedirnos ni por su validez ni por su rechazo, como lo hicimos en el caso de otros decretos, no sólo de este gobierno sino también del gobierno del doctor Menem y de otros previos al del ex presidente Kirchner.
Con respecto a esta norma, el antecedente más claro reside en oportunidad de la presidencia de Néstor Kirchner cuando, a través del decreto 1.735, de diciembre de 2004, dictado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 2), de la Constitución Nacional, se dispuso la reestructuración de la deuda del Estado nacional, instrumentada en los bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según lo dispuesto por el artículo 59 de la ley 25.827.
En esa ocasión tomó intervención la Procuración del Tesoro Nacional, y los fundamentos que dio son importantísimos. La Procuración dijo que si bien la Constitución Nacional atribuye al Poder Legislativo la competencia de arreglar lo vinculado con la deuda pública
artículos 4º y 75, inciso 7), de la Constitución Nacional- “...la complejidad de la deuda pública argentina, tanto por su magnitud cuantitativa como por la multiplicidad de bonos colocados en el mercado y la heterogeneidad de sus tenedores (en punto a su nacionalidad y volumen de sus pretensiones) ha motivado que, en la práctica, la facultad previamente enunciada se desagregue en un sinfín de actos, negociaciones, contrataciones y procedimientos. Por ello, y sin perjuicio de lo expuesto por el texto constitucional, ha sido notorio el creciente protagonismo del Poder Ejecutivo en las distintas etapas de la negociación, reservándose la actuación congresional a la fijación de criterios rectores para la negociación y/o a la crucial instancia del análisis previo a la aprobación o desaprobación de lo actuado…”.
“...Este modus operandi ha sido justificado teniendo en vista dos argumentaciones.
“a. Por un lado, se ha sostenido que la atribución del Congreso de arreglar el pago de la deuda la asume y la cumple dicho órgano del Estado al tratar la ley de presupuesto y/o al tratar la cuenta de inversión, prevista por el artículo 75, inciso 8, in fine, de la Constitución Nacional.
“b. Por el otro, se ha argumentado que si el pago de la deuda externa se ha instrumentado mediante un convenio o tratado internacional, la ley aprobatoria de éste importaría también la intervención del Poder Legislativo en el asunto”.
No me extenderé con la lectura, pero en la inserción que acompañaré hay más argumentos. Sería conveniente que esta cuestión se estudiase para ocasiones posteriores; incluso, con particular detenimiento.
El decreto 1.953/09 se basa en el inciso 1 del artículo 99 de la Constitución Nacional y en el artículo 40, in fine, de la ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto -sancionada por el Congreso-, cuyo último párrafo dice: “El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a la Corte Internacional de Justicia de La Haya”. O sea que la prórroga de jurisdicción es amplia y hemos autorizado al Poder Ejecutivo a disponer prórrogas de jurisdicciones por ley.
El artículo 65 de la ley 24.156, de Administración Financiera Y Sistemas De Control Del Sector Público, establece que el Poder Ejecutivo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, siempre que esto implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales.
Es decir que este artículo 65 en modo alguno involucra una transferencia o dejación de competencia del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo, sino que debidamente conjugado, con la autorización del endeudamiento principal que efectúa la ley de presupuesto del ejercicio, importa una manda del legislador en el Poder Ejecutivo para que ejecute políticas diseñadas, autorizadas e imperadas a los órganos de la Administración por el legislador.
Es un típico decreto por el cual no se ejerce una facultad delegada por el artículo 76 de la Constitución Nacional. En realidad, tiene forma de decreto, pero el contenido es el de una ley, porque resuelve un tema de competencia del Congreso sobre la deuda pública, pero no hay una delegación legislativa.
El Congreso ha dado una autorización para que el Poder Ejecutivo, dictando los decretos que autoriza la Constitución Nacional -en el momento y bajo las circunstancias que juzgue oportuno-, registre el programa de deuda pública -en este caso en la SEC, y no quiero decir la palabra en inglés- por un monto que no supere el valor nominal autorizado en el artículo 3º del decreto, que asciende a 15 mil millones de dólares.
También hay una limitación, porque nosotros por ley de presupuesto hemos autorizado al Poder Ejecutivo
-sin fijar montos- a emitir bonos, renegociar, etcétera, con lo cual es un decreto limitativo.
Pensamos que debemos defender la competencia del Congreso y de la Comisión Bicameral, por lo que no debemos dudar, aún cuando el Poder Ejecutivo nos envíe un instrumento, en decir que esta cuestión no es competencia de la Comisión Bicameral. Y luego y a su tiempo el Congreso –como ahora lo estamos haciendo puede ir evaluando y ejerciendo el control, ya que es una competencia que la Constitución nos asigna, respecto del otro poder, que es el Poder Ejecutivo.
¿Por qué digo que esta conclusión es un trabajo colectivo y no es sólo del oficialismo? En el caso del decreto 1.369/96, el Poder Ejecutivo –a cargo del doctor Menem facultó al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a realizar operaciones de crédito público correspondientes a la administración central, que se considerarían a cuenta de las autorizaciones que incluyera la ley de presupuesto para el ejercicio 1997. En este caso, la Comisión Bicameral dictaminó de esta manera, de la manera en que lo hace el dictamen que estoy defendiendo.
Cuando se trató en la Bicameral el decreto 1.562 del 2006, el entonces diputado Tonelli –que integraba esta comisión dijo: “Quiero dar mi opinión en el sentido de que no corresponde su tratamiento en esta comisión. El decreto habilitó un puerto particular para uso privado y con destino comercial. Lo hizo de acuerdo con una previa autorización que le había conferido al Poder Ejecutivo la ley 24.093...”. Esta ley es previa a la reforma constitucional de 1994, donde la delegación legislativa tiene fijados parámetros, de tiempo, de materia, etcétera.
O sea, es una de las leyes que la comisión que creamos va a tener que evaluar si tenemos que mantenerla o adaptarla a la nueva manda constitucional respecto de la delegación legislativa.
El mencionado ex diputado Tonelli agregó lo siguiente: “Por lo tanto, interpreto que el hecho de que el Poder Ejecutivo haya enviado ese decreto al Congreso implica cumplir con esa comunicación que le imponía el artículo 5° de la ley, pero eso no implica que deba ser tratado por la comisión.
“En ese sentido, es conocido que el Poder Ejecutivo, en uso de las atribuciones que la Constitución le confiere, dicta cuatro tipos de decretos o reglamentos...” -y termina diciendo- “...Me parece que podríamos tomar como resolución no considerar este decreto”.
Fue él quien convenció al senador Pichetto, al senador Capitanich y al resto de tomar una decisión unánime. Tonelli mantuvo siempre esta postura. Aunque no sé si unánime, porque la señora diputada Rodríguez –que seguramente después va a hacer uso de la palabra dijo que ella siempre mantuvo una posición, sólo que estaba solitaria. Pero yo creo que en este caso fue unánime, y en todo caso ella me corregirá.
Cuando consideramos el decreto 952 de 2007 también se trataba de aprobar un convenio de transferencia de administración y explotación de elevadores y terminales del puerto de Bahía Blanca. Tonelli también hizo su alocución y allí el senador Sanz, de la UCR, dijo: “No creemos que esto sea una cuestión que tenga que ver con la fecha de la ley, pre o post reforma constitucional, porque en verdad, y este es un tema que tenemos pendiente o por lo menos tenemos que aunar posiciones, hay mucha legislación previa a la reforma constitucional de 1994 que contiene delegación de facultades y que nosotros hemos ido aprobando cada dos años. Creo que la última es la ley 26.135 y hay por ahí algunos decretos que están sometidos a esta comisión.
“Es cierto que esto está fuera de la comisión por lo que acaba de decir el diputado Tonelli”. Y continúa hablando respecto de los puertos, pero esa fue la doctrina.
Por estas razones, que no son todas pero sirven para que este debate tenga la altura del de ayer, propongo que se apruebe el dictamen del oficialismo, que toma conocimiento del decreto 1.953, porque no es competencia de la Comisión Bicameral. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SOLA, FELIPE CARLOS.- Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra para hacer una consulta con respecto a la explicación que acaba de realizar la señora diputada Conti, que sinceramente valoro desde el punto de vista técnico.
Mi inquietud radica en el hecho de que la señora diputada por Buenos Aires dijo que debíamos tomar conocimiento del decreto, y luego propició la aprobación del dictamen. ¿Podría aclarar el alcance de su propuesta?
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ.- Señor presidente: como seguramente habrán observado los señores diputados, el Orden del Día Nº 116 contiene dos dictámenes vinculados con el dictado del decreto 1.953. Hay un primer dictamen del bloque oficialista que dice: “Tómese conocimiento”, y otro de la oposición para denominarlo de alguna manera- que propone rechazar el decreto al que ya me referí en mi exposición anterior. Personalmente, solicito que se apruebe el dictamen que resuelve tomar conocimiento de ese decreto.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SOLA, FELIPE CARLOS.- Señor presidente: por su intermedio agradezco la explicación a la señora diputada Conti.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- En la lista de oradores está anotado para hacer uso de la palabra por el bloque Peronismo Federal el señor diputado Amadeo. ¿Esto es correcto?
SR. SOLA, FELIPE CARLOS.- Así es, señor presidente. En nombre de nuestro bloque va a hacer uso de la palabra el señor diputado Amadeo y, antes de que finalice el tiempo del que disponemos, voy a complementar su exposición.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. AMADEO, EDUARDO PABLO.- Señor presidente: nuestro bloque quiere insistir en una posición que denominaría como principista, y que venimos manteniendo desde el infausto episodio del doble DNU, y se reiteró luego en la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuando el bloque de la mayoría presentó un proyecto de ley convalidando el uso de las reservas. Creo que todo esto tiene que ver con el modo de gobernar y con los derechos de los ciudadanos.
El tema en análisis no es menor. La señora diputada Conti nos ha pedido que tomemos conocimiento del decreto, lo cual implicaría aprobar sin más trámite la operación del canje.
Lo cierto es que una vez más el Congreso se ve obligado a tomar decisiones importantísimas para el futuro del país sin contar para ello con información suficiente. Cuando hablo de “información suficiente” no me refiero solamente a los datos vinculados con esta cuestión en particular; ya hemos insistido una y otra vez, en cada circunstancia en que tuvimos la oportunidad de expresarnos, que no es posible tabicar la realidad política, económica o social.
Hay varias maneras de tabicar la realidad. Una de ellas es negar información. Otra forma consiste en tabicar las relaciones a través del discurso, por ejemplo, que el poder administrador no muestre como corresponde las implicancias sociales de la inflación o qué consecuencias tendría una política económica u otra.
A esta altura es evidente que ese ya es un modo de gobernar. Por eso, como diputados de la Nación tenemos la obligación de insistir una y otra vez en nuestro cuestionamiento, respetando la legitimidad del mandato que tenemos. Todos hemos sido votados por diferentes razones, pero una fundamental radica en el control que como parlamentarios tenemos que hacer respecto de las acciones del gobierno.
Ese control tiene que ver con el bien común, porque si seguimos dejando pasar decisiones de esta profundidad sin tener información suficiente, después no tendremos tiempo ni posibilidades de volver atrás con el mal que hemos causado por medio de nuestra omisión. Por lo tanto, más allá de las “tecnicalidades” –lo digo con el mayor respeto que nos ha planteado la diputada Conti, nuestro bloque reafirma su obligación de seguir insistiendo en la necesidad de controlar y sobre todo exigir información.
Al sostener que el ocultamiento de información es funcional a un modo de gobernar estoy diciendo que esto no corresponde solamente a este Congreso, si bien el Parlamento es la síntesis de la ciudadanía. Aquí se expresa la dinámica de las fuerzas políticas y las demandas de las fuerzas sociales.
Se oculta información a las provincias cuando se niega explícitamente la posibilidad de prever su futuro presupuestario por medio de los recursos que le corresponden.
Se oculta información a la prensa cuando por diversos modos de presión intentan frenar su rol central en la democracia.
Se oculta información a los ciudadanos cuando se miente sobre las tasas de inflación y por lo tanto se impide a las personas saber qué pasará con sus ingresos, o peor aún, con los magros ingresos de los más pobres o con su patrimonio.
Se intenta frenar y manejar la actividad de los jueces con diversas presiones que son parte de la vida cotidiana de la Argentina.
Se cambian las reglas del juego a los productores, como hemos visto que sucedió con la producción agropecuaria en los últimos dos años.
Se oculta información en general a la ciudadanía como modo, insisto, de tabicar la realidad.
También se frena la actividad política y democrática de este Congreso por la enorme dificultad que tenemos para poder celebrar sesiones ordinarias y lograr que este Parlamento sea el espacio donde se reflejen las demandas de la ciudadanía.
El señor presidente del bloque oficialista, cuya capacidad comunicacional no dejo de elogiar, plantea permanentemente que nosotros ponemos palos en la rueda a este gobierno, cuya función es generar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.
Bastante hacemos los bloques de la oposición con las restricciones que se nos ponen a diario, la poca información que se nos da, las dificultades para reunirnos, la negativa permanente a contestar los pedidos de informes y los obstáculos para lograr que los funcionarios nos visiten.
Nosotros no ponemos palos en la rueda sino que trabajamos en función de las restricciones que tenemos, y bastante hemos hecho.
¿Y quién tiene información, señor presidente? Los bonistas. El ministro de Economía y Finanzas Públicas está recorriendo el mundo informando a los bonistas sobre la seguridad jurídica y ofreciéndoles toda la información que necesiten. Los bonistas se han convertido en el equivalente del denigrado Fondo Monetario Internacional de los noventa. Ahora hay que dar toda la información necesaria a los bonistas, la que se niega a este Parlamento cuando se pide que aprobemos a libro cerrado un proceso de canje sobre el cual no tenemos información.
Estoy convencido de que si café de por medio pudiéramos tener acceso a los diálogos del ministro de Economía y Finanzas Públicas con los bonistas tomaríamos conocimiento de toda la información que no tenemos, sabríamos cuáles son las proyecciones del programa monetario que ignoramos y qué piensa el ministro respecto del dólar para el año próximo, los niveles de competitividad, qué hará con el Club de París. Me refiero a toda una cantidad de información que se nos niega y es la razón por la cual se nos pide que aprobemos a libro cerrado.
Estamos ansiosos esperando que el ministro de Economía venga al Parlamento para informar cómo está tratando a los bonistas. Para nosotros sería un lujo poder contar con una parte de la información que tiene el señor ministro y que nos brinde la seguridad jurídica que ofrece a los mercados de todo el mundo pero nos niega a nosotros.
Por esa razón, como seguramente hará referencia el señor presidente de nuestro bloque, no estamos de acuerdo no solamente con este tema en particular sino con este modo de gobernar.
Estamos convencidos de que tenemos la obligación de demandar al gobierno para que termine con este mecanismo de tabicamiento de la realidad. No estamos pidiendo que el gobierno se autoflagele planteando las dificultades que tiene en los diversos frentes que debe manejar, pero sí estamos pidiéndole que cumpla con la Constitución.
Recién pensaba por qué el gobierno ha elegido a una consultora que se llama Arcadia para que lo ayude a gobernar. Tal vez, pensando en Arcadio Buendía, aquel personaje central de Cien años de soledad que luchaba para que Macondo, por los pantanos, se mantuviera aislado del resto del mundo para que nadie pudiera llegar, pues allí había una especie de realidad mágica que sólo la familia Buendía quería manejar. Hablo de la familia Buendía para no usar el apellido de la familia presidencial. Tal vez por esto hayan elegido a la consultora Arcadia, pero este Parlamento va a tratar de que podamos llegar al centro de la verdad. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SOLA, FELIPE CARLOS.- Señor presidente: bien dijo la diputada Diana Conti que ayer tuvimos una excelente reunión. Si tuviera que sintetizar por qué fue así diría que se debió a que todos tuvimos información, plenitud y libertad para expresarnos, aunque fuera una reunión especial sobre uno de los temas que tiene directa incidencia en un sector de comunidad.
Por supuesto, eso nos genera satisfacción. Puede ser que no todos se sientan así por el resultado logrado, pero la reunión de ayer nos produjo un placer íntimo que tiene que evaluar cada diputado.
Cada diputado sabe que tiene que cumplir con su mandato. Una manera de hacerlo es con el debate después del trabajo y que finalmente gane la mayoría, pero tratando de convencer en el medio.
Sí, fue una reunión muy satisfactoria pero, señor presidente, fue un oasis en el desierto, una tregua en la lucha. Pero cuando hablo de tregua no hablo de lucha; en realidad me equivoco en la palabra. Se trata de una tregua en una guerra.
Cotidianamente, cuando venimos al Parlamento, sentimos que vamos a la guerra, más allá de los afectos personales que, por suerte, humanizan algunos aspectos de nuestras relaciones –sobre todo con el oficialismo- que valoramos mucho, pero es lo único que podemos valorar.
Sentimos que venimos a una guerra de debate psicológico permanente y físico; una guerra en la que no todos tienen las mismas armas, porque ellos lo tienen a usted, señor presidente. Usted decide sobre el orden del día y sobre las sesiones ordinarias.
No voy a recalcar su situación como si fuera lo más grave que ocurrió, porque lo más grave es la determinación de poner palos en la rueda, no desde la oposición respecto del gobierno sino desde el oficialismo minoritario en esta Cámara y en el Senado –pero sobre todo en ésta- respecto de la posibilidad de que la mayoría se exprese libremente.
Cuando no es el reglamento, es la Constitución; cuando no es la Constitución, es la tradición; cuando no es la tradición, son los usos y costumbres, y si no son los usos y costumbres, se vuelve al reglamento. Pero no tenemos sesión ordinaria todos los miércoles a las 11 horas, tal como votamos. Sí, votamos. Y no se trata de una cuestión metodológica, sino de fondo. ¿Cuántas veces fue retirado del plan de labor el Orden del Día referido al decreto 1.953/09? Varias veces. No recuerdo cuántas, pero alguno me va a ayudar. Era un decreto sobre el que había que tomar vista; era un decreto de diciembre que forma parte de toda la negociación de la deuda externa y de la relación que decidió tener el Poder Ejecutivo con el nuevo Parlamento conformado a partir del 10 de diciembre, en relación con el tratamiento de muchas cuestiones, entre ellas la de la deuda externa.
Si esto es así, si el decreto fue de diciembre ¿por qué lo estamos tratando en mayo? Porque siempre estamos muy por detrás de los hechos consumados. Ese decreto ya ha sido cumplido. El gobierno ya se presentó ante la Securities and Exchange Commission. Ya el gobierno extendió la jurisdicción judicial a los tribunales estatales o federales del estado de Nueva York. Ya se ha relacionado con quien se quería relacionar.
Ya estamos en Roma y existe un nuevo decreto –creo que es el 296 que no conocemos bien, pero que posibilita que el proceso continúe.
Desde el punto de vista democrático, este proceso está viciado por lo ocurrido durante todo este verano. Este proceso marcó lo siguiente: no vamos a usar el Parlamento para que después, tardíamente y cuando se nos ocurra, apruebe lo que no es solamente un canje de deuda, sino lo que va a resultar matemáticamente un aumento del endeudamiento global argentino.
Adicionalmente, ahora tenemos el tema de que pueden existir fuertes irregularidades de corrupción por la forma como se encara el canje desde el Ministerio de Economía.
Ahora, el Congreso siempre viene de atrás, aunque en realidad no es el Congreso, sino el oficialismo. Algunas veces tiene que ver su conducta, señor presidente, respecto de qué se puede discutir y qué no.
Nosotros queremos recalcar nuestro rechazo a la forma de relacionamiento; nuestro rechazo al trato con la oposición; nuestro rechazo a un canje de deuda que seguramente puede ser beneficioso para buena parte del sector privado argentino y para aquéllos a los cuales durante muchos años el gobierno no les asignó importancia con su mirada, aunque en muchos casos fue con razón por ese actuar del gobierno anterior.
A pesar de todo eso, no se han animado a discutir en serio el tema del canje en este Congreso. Siempre se ha pensado que íbamos a poner palos en la rueda, cuando aquí sabemos que existe una mayoría de argentinos que se asusta cuando escucha la palabra “deuda”, pero por otro lado también siente –porque se lo han hecho sentir que la Argentina está en deuda, que entró en default, etcétera. O sea, la historia conocida.
Nos parece que esa falta de respeto, esa tabicación y ocultamiento que mencionaba el señor diputado Amadeo, y todos estos meses durísimos que han transcurrido –a lo mejor, también para el oficialismo; no lo sé motivan claramente que el Peronismo Federal decida el rechazo de este proyecto.
No estamos rechazando un decreto por cuestiones de forma por medio de un dictamen. Lo que rechazamos es la forma con que el gobierno nacional trató con el Parlamento la cuestión de la deuda externa. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA.- Señor presidente: voy a ocupar muy pocos minutos en nombre de mi bloque para referirme a la cuestión jurídica.
Escuchaba a la miembro informante del dictamen del oficialismo que dijo que el decreto se dictó en ejercicio de una facultad delegada por una ley anterior a 1994, y que no puede ser revisado por la Comisión Bicameral, sino que ésta lo único que puede hacer es tomar razón.
Voy a reiterar la pregunta lógica que le hice. Si sólo tiene que tomar razón, ¿por qué lo envía el Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el sentido por el cual el Poder Ejecutivo nacional nos remite un decreto en el ejercicio de las facultades delegadas y la comisión dice que no tiene capacidad para revisarlo? La verdad, es que el criterio del gobierno es distinto del utilizado por el oficialismo en la comisión.
Lo que la señora miembro informante no dice pero sabe –no estoy tratándola mal, al contrario, porque nos conocemos desde hace muchos años , es que antes de 1994 las legislaciones delegadas estaban prohibidas en la Constitución Nacional, y a lo largo de muchos años fueron inconstitucionales, hasta que determinada jurisprudencia empezó a habilitarlas cuando hubiera un tiempo razonable de ejercicio y un marco de delegación, para dar una salida a esta situación de inconstitucionalidad permanente de la Argentina.
Por ese motivo se redacta la disposición transitoria octava, que dice: señores, a partir de ahora reconocemos que en algunos casos, con marco y tiempo razonable, puede haber una legislación delegada sujeta al control del Parlamento, pero luego veremos qué hacemos con lo de antes, porque esto es un verdadero desastre.
Se propone que armemos una comisión bicameral en la que trabajemos todos, pero es tan grande la historia de la ilegalidad, que ahí está y esperamos que la cuestión se resuelva en un mes.
Estamos trabajando día a día y pedimos al gobierno que también trabaje porque esto cae o cae, y el vacío jurídico que puede producirse el mes próximo es enorme. Por eso, hablo de un compromiso de toda la Cámara. Además, para que lo sepan, caen todas las retenciones.
Es correcto el dictamen de minoría; no sé qué dijo Sanz, y yo le creo a la señora diputada, pero lo que se está haciendo no es correcto desde el punto de vista constitucional. Nosotros nunca pudimos estar en esa posición.
Lamento que no esté la diputada Marcela Rodríguez; tiene a su padre muy enfermo. Pero si yo me opuse al Núcleo de Coincidencias Básicas es precisamente por el tema de las facultades delegadas.
El dictamen de la oposición es muy simple. El Poder Ejecutivo manda para revisar el ejercicio de una facultad delegada anterior a 1994. Por lo menos, veamos si esto es válido de acuerdo con la jurisprudencia anterior a la Corte de dicho año; es decir, si tiene algún marco o plazo razonable. La verdad es que no; estamos en el año 2010, o sea que después de dieciséis años esto ha caducado. Es más, un abogado en serio, tomando la disposición octava, ya hubiera dicho que todas estas leyes delegadas han caducado.
Me parece que el dictamen de minoría es más razonable dentro de lo irrazonable que se ha hecho. Entiendo la posición de la señora diputada miembro informante, pero observo que carece de consistencia jurídica. Reitero: el dictamen de minoría es correcto.
Por otro lado, comparto mínimamente lo que dijo el señor diputado Solá. Creo que ya hemos demostrado que podemos funcionar, pese a todo; que a pesar de los intentos para que esta Cámara de Diputados no funcione y de que el señor presidente sea absolutamente parcial y favorezca que la Cámara no funcione, ésta funciona y usted, señor diputado Fellner, es su presidente. Funcionamos todos los días y trabajamos mucho más que antes, y esto es bueno para la Cámara, el Parlamento, el oficialismo y la oposición.
Por eso, solicito al señor presidente que cumpla la semana que viene con su deber para convocar a una sesión de tablas a fin de que ingresen los asuntos entrados, nos dejemos de jorobar con esta cuestión y hagamos funcionar el Parlamento, que es nuestro deber.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Así se hará, señora diputada.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. VEGA, JUAN CARLOS.- Señor presidente: lo que voy a remarcar es estrictamente técnico: hace al artículo 3° del decreto, referido a la prórroga de jurisdicción, a la renuncia de los derechos de la Argentina a juzgar los actos emergentes de estos títulos.
La sociedad debe saber qué significado tiene una prórroga de jurisdicción en esta toma de deuda externa. Estamos renunciando a que los tribunales argentinos sean los competentes para juzgar todo litigio emergente de cualquiera de los conflictos que suscite esta nueva emisión de títulos de deuda.
Cuando un Estado renuncia a la inmunidad de jurisdicción y de ejecución como parcialmente sucede con el artículo 3° está reconociendo ante el mundo algo muy obvio: su falta de seguridad jurídica y también el derecho que tienen los acreedores tomadores de deuda, en particular los bancos, a cobrar y a dirimir sus conflictos ante los jueces nacionales, que normalmente son sus jueces amigos.
Este es el sentido que tiene esta cláusula, que me preocupa muchísimo, porque más allá del análisis de política económica –que lo va a hacer el señor diputado Prat Gay- a mí me preocupa que en esta segunda oportunidad que el país tiene para liberarse de las secuelas del canje volvamos a insistir en la renuncia de la jurisdicción argentina, en conceder a los tribunales de Europa –en este caso, de Nueva York competencia exclusiva y excluyente para dirimir todo conflicto.
Quiero recordar –sobre todo al compañero Marconato, que ya me escuchó decirlo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que esto es contrario a un elemental principio del derecho internacional que plasmó un argentino al comienzo del siglo XX y que fue volcado en la llamada “doctrina Drago”. Esta doctrina establecía la prohibición del cobro compulsivo de deudas soberanas. En ese momento el cobro compulsivo de deudas soberanas se hacía mediante cañoneras; hoy se lleva a cabo por intermedio de bancos y jueces. Es decir que con esta cláusula estamos favoreciendo el cobro compulsivo de deudas en contra de lo que establece la doctrina Drago.
Por último, soy consciente de que esta cláusula no es clave, no es indispensable para la habilitación del canje.
Compañero Marconato: no creo que sea una cláusula decisiva. Esta es una norma que bien podía haber estado en los títulos originales en la época del megacanje o en los primeros títulos posteriores a la crisis, a la hecatombe de 2001, pero hoy, con una Argentina con los niveles presupuestarios, de PBI y de deuda que dice que tiene el presupuesto 2010 no necesitaríamos tamaña renuncia de jurisdicción.
Les pido que piensen, porque además de no ser conveniente para los intereses de mi país esta renuncia de jurisdicción –que implica reconocer la falta de seguridad jurídica en mi país es algo más grave: es contraria a lo que establece el artículo 29 de la Constitución Nacional.
Pido al compañero Marconato que ya me ha escuchado dar esta argumentación que piense y valore lo que estoy diciendo y vea si es posible excluir ésta que a mi juicio es una vergonzosa cláusula de renuncia jurisdiccional.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. REYES, MARIA FERNANDA.- Señor presidente: simplemente, quiero agregar un punto con respecto a este tema.
Lamentablemente, la Argentina, cuando la deuda pública pasa por encima del Congreso, no respeta la Constitución y beneficia a algunos sectores concentrados, por encima de los intereses del pueblo argentino. Es lo que nos pasó en la dictadura con el hoy detenido Martínez de Hoz.
En este marco, nosotros no solamente vamos a concretar el cuestionamiento al decreto por los asuntos formales, que bien ha puntualizado la señora diputada Carrió, sino que también plantearemos la necesidad de que este Parlamento se ponga a investigar el origen de la deuda -sobre todo de la década de los 70- para que se constituya una comisión investigadora, tal como ha sido pedido por este bloque, y que empecemos a investigar su legitimidad.
De esta manera la búsqueda de la verdad nos va a dar no solamente la tranquilidad de la claridad sobre el tipo de deuda del que estamos hablando, sino que también nos empezará a marcar el camino en el que el Parlamento debe estar presente en el análisis y en la generación de las deudas.
Las denuncias que se están realizando hoy en la Argentina sobre la forma en que se está estableciendo el canje también tienen que ver con que, lamentablemente, el Congreso de la Nación no termina siendo el lugar de control como debiera, porque no se lo permite el Poder Ejecutivo y no termina respetándose la Constitución Nacional, que establece que nosotros como Congreso debemos generar y establecer las características que se lleven adelante con respecto a la deuda.
Simplemente, quiero señalar que así como lo ha investigado la señora diputada Carrió en el 2001 en lo que hace a la causa megacanje, este bloque está dispuesto a llevar adelante la propuesta de la comisión investigadora que analice e investigue la deuda desde su origen durante la dictadura militar. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. PINEDO, FEDERICO.- Señor presidente: estamos en una situación complicada. Mi bloque se ve presionado por dos situaciones: la primera es actuar como creemos que se debe actuar en beneficio de la República Argentina y la segunda es repudiar un comportamiento inaceptable, a nuestro criterio, de un gobierno nacional que hace gala del desprecio por el Congreso de la Nación.
El tema del deber ser, el de respetar los intereses de la República Argentina está basado en el siguiente hecho objetivo: el Congreso de la Nación Argentina a fines del año pasado autorizó al gobierno nacional a iniciar un proceso de canje de la deuda pública. El objetivo de dicho proceso es terminar con una situación de insolvencia del Estado nacional.
En ese momento, nosotros creímos que era bueno que la Argentina cerrara su condición de país insolvente y que cancelara sus obligaciones. Así, no solamente votamos a favor de la reapertura del canje sino que además, en los últimos días, presentamos un proyecto que sería bueno que algún oficialista leyera, empezando por el ministro de Economía, a quien se lo dejamos, y la presidenta de la Nación, a quien también le enviamos el proyecto.
Se trata de una iniciativa vinculada con la presentación ante los tribunales de Nueva York del acuerdo de canje que logre la República Argentina a los efectos de aplicar un procedimiento similar al de quiebras, de modo tal que esa regla que se acepte sea aplicable a todos los acreedores, hayan aceptado o no el canje y se termine efectivamente el nivel judicial, donde nos están embargando recursos en Nueva York. En suma, que se termine definitivamente la situación de insolvencia nacional. Esa es nuestra actitud.
Por otra parte, también tenemos este gobierno. Tenemos al ministro de Economía y Finanzas Públicas que viene a reírse de los diputados, a faltar el respeto tanto en esta Cámara como en el Senado, en medio de un proceso que es de extraordinaria complejidad para la Argentina, específicamente en el tema del cierre de la deuda.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, señor presidente? ¿Votar por lo que creemos que el país tiene que hacer, o votar en contra del gobierno del que estamos absolutamente en contra? Realmente, es un dilema.
En el tema de la deuda, lo que ha hecho el gobierno con este decreto es registrar el pedido de canje de títulos en el ente regulador de las bolsas de comercio de Estados Unidos. Por supuesto que no se puede tomar un título y entregar otro que sea aceptado, y que sea comerciado en todo el mundo y en la Bolsa de Nueva York, si no pedimos la autorización para vender en esta última. De manera que hacer el registro en la SEC es un tema obvio; no es un tema que merezca mayor razonamiento.
Con respecto al tema de la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York, en el caso de los títulos –según mi modesto criterio- también es bastante obvio, porque es muy difícil que un señor de la bolsa de Nueva York compre títulos que estén sometidos a la jurisdicción de los jueces de Tanganika. No los va a comprar; no se opera así.
Entonces, por un lado esto que está en el decreto ya pasó y es abstracto, y en segundo lugar, es relativamente obvio, salvo en el tema de la prórroga de jurisdicción para los intermediarios, tema en el cual yo no estoy de acuerdo porque no creo que sea algo necesario.
De manera que no sé qué quiere decir votar en contra de este decreto; no sé cuáles son las consecuencias de votar en contra. Yo me pongo en la posición de un acreedor de la Argentina. La República Argentina –no el señor Boudou- le viene a decir: “Vamos a canjear los títulos que están en default por otros títulos que vamos a honrar” y el Congreso de la Argentina vota en contra del registro de la operación en la bolsa en la que se tienen que comerciar los títulos. ¿Cómo interpreta un acreedor de la Argentina ese fenómeno tan extraordinario? Francamente, no tengo la menor idea. Pero si yo fuera presidente, no me gustaría que pasara esto con mi país; aunque si yo lo fuera, probablemente esto no pasaría.
En definitiva, señor presidente, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. Para nosotros siempre es mucho más fácil votar en contra del gobierno, cosa que hacemos casi siempre, porque está claro que somos adversarios del gobierno. Está claro que queremos tener una alternativa de gobierno superadora que le gane las elecciones al gobierno.
Pero en esta dura responsabilidad que cae sobre nuestras cabezas tenemos que distinguir entre la República Argentina y la señora de Kirchner o el señor Boudou. Me parece, señor presidente, que no podemos votar en contra de la República Argentina, hasta donde llega mi entendimiento, por las palabras que acabo de decir.
Como creo que este es un tema que ya ha sido presentado en la bolsa de Nueva York y ya han sido prorrogadas las jurisdicciones, voy a solicitar autorización para que nuestro bloque se pueda abstener de votar. Además, tampoco queremos darle ningún aval a las acciones del señor Boudou y a la prórroga de jurisdicción en el caso de los intermediarios. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL.- Señor presidente: es importante que, finalmente, la Cámara haya podido iniciar el debate sobre el decreto 1.953, que habilita la emisión de bonos hasta 15 mil millones de dólares.
Curiosamente, este decreto viene disfrazado de la idea de una política de desendeudamiento y a caballo del mito impulsado y aplaudido por los sectores bancarios y de los tenedores de bonos, consistente en que así entraríamos en tiempos de bonanza por el acceso a los mercados de capitales.
Esta música ya la escuchamos en los años de la década del 90. Fueron las ideas centrales de los economistas iluminados del CEMA, de la ortodoxia neoliberal de entonces. Acabo de escuchar de boca de la señora diputada Conti y del señor diputado Pinedo ideas más o menos similares. Lo digo con pesar, y en mi ánimo no están las ganas de pelear.
Quienes nos hemos formado en las ideas de Juan Perón, quienes tuvimos el honor de tratarlo bastante, quienes nos sentimos continuadores del espíritu patriótico de Alem, de Yrigoyen y de los hombres de FORJA y quienes tuvimos el honor de tratar a Scalabrini Ortiz y a Jauretche tenemos muy en claro que la línea divisoria entre lo nacional y lo antinacional pasa por el tema mayúsculo de la deuda.
¿Cómo no iba a ser así si desde los albores de mayo el debate mayúsculo fue si podíamos independizarnos sin ayuda externa? ¿Podremos liberarnos del colonialismo español o del inglés? ¿Podremos desarrollar nuestras industrias sin el flujo de capitales extranjeros?
Parecía una utopía intentar expulsar al ejército imperial más poderoso de su época. Sin ejército, esa comarca de Santa María de los Buenos Ayres, con apenas 40 mil habitantes -20 mil hombres más niños y viejos-, expulsó a los 11 mil soldados de la segunda invasión inglesa, a partir de sus ideas independistas y emancipadoras. El ejército de los Andes y la gesta independentista -con el nacimiento de nuestra industria en Mendoza- se autofinanciaron.
Desde aquel entonces, el conflicto entre la dependencia del capital extranjero y su tecnología y las posibilidades de administrar con sabiduría y sentido nacional y popular nuestros recursos está presente a lo largo de toda la historia.
No estoy rechazando los aportes de la tecnología, la ciencia y el capital extranjero. Ningún país y ninguna cultura pueden desarrollarse aislados del resto del mundo, pero una cosa es recibir al capital extranjero que venga a invertir en bienes de capital y trabajo genuino y otra es estar a la zaga de una política de endeudamiento que se convirtió en la historia argentina en un sistema de vaciamiento.
Un sistema de vaciamiento donde se capitalizan los intereses y siempre debemos más, como lo dice con sabiduría Miguel Ángel Espeche Gil: “La deuda es una industria, es la mayor estafa de la historia argentina y ya la pagamos varias veces”. Valen los números. El Ministerio de Economía puede testimoniar que en estos últimos 28 años Argentina pagó 218 mil millones de dólares. Hoy, la Nación admite 147 mil, pero sumado a las deudas provinciales superamos los 160 mil.
¿Cómo puede hablarse de canje de deuda, de política de desendeudamiento, preparándonos para emitir entre 10 mil o 15 mil millones de deuda, en un hecho muchísimo más grave, para canjear bonos que quedaron fuera del canje de 2005 y con una ley cerrojo en el 2006 para impedir la renegociación?
El decreto 1.953 es absolutamente nulo porque está siendo investigado en la causa 9.147, Juzgado Federal Penal N° 12, Secretaría N°4 de Comodoro Py, a cargo del juez Eduardo Martínez Giorgi. Sólo puede haber novación de deuda, artículo 802 del Código Civil, cuando la deuda original es lícita.
Lamento que en algún momento la señora presidenta haya dicho “esto ya lo reconoció el Parlamento”. Pudo haberse hecho en el 84, pero no se hizo. Los ilícitos jamás han cambiado de su condición y su esencia ni con el paso del tiempo ni por las aprobaciones o manipulaciones de los gobiernos y Parlamentos.
Esta historia de deuda es la estafa más grande de la historia argentina. Recordemos que hubo quienes quisieron enfrentarla, colegas radicales. Quizás el mejor ministro de Economía, el más nacional que tuvo la Argentina en estas décadas, Bernardo Grinspun, con García Vázquez en el Banco Central, fue el único que investigó la deuda. Eran los tiempos en que el Parlamento sancionó la ley 23.062 de 1984, que declaraba nulos todos los actos administrativos surgidos de la dictadura. Esa ley está vigente, pero la ignoraron todos los gobiernos.
Nos hicimos cargo de una deuda ilegítima, y se otorgaron pagarés de reconocimiento en el Banco Central. Machinea entregó pagarés de reconocimiento en el 85 de una deuda de la que no tenía ni registros. La convirtieron en bonos en el 91, Cavallo-Brady. Menem le dio al Citi Group la representación en nombre del Comité de Bancos para que nos dijera –vergüenza nacional cuánto le debíamos. Y lo seguimos aceptando, y seguimos delegando jurisdicción.
Ayer, se aplaudió en esta Cámara con justicia, lo digo a los compañeros peronistas, radicales y de todos los partidos, que José Martínez de Hoz estuviera preso. Pero no está preso por la ley de mayo de 1976. Esa ley fue la que por primera vez colocó la jurisdicción de todos los contratos en el extranjero. Podríamos decir que esto se parece a la anécdota de Al Capone, que fue preso por no pagar impuestos y no por todos los crímenes que había cometido.
Sin duda, la figura de Martínez de Hoz todavía está presente. Él es el causante de esta política de endeudamiento, que luego continuó con el blindaje y con el megacanje. Esto lo sabe muy bien la señora diputada Carrió, que propulsó la causa del megacanje junto con los señores diputados Mario Cafiero, Graciela Ocaña y el querido Alfredo Bravo.
¿Cómo puede ser que esta Honorable Cámara y los sucesivos gobiernos hayan ignorado el fallo ejemplar del doctor Jorge Ballesteros en la causa de Alejandro Olmos, en la que se determinó y probó la existencia de fraude en la mitad de la deuda? Nadie apeló la sentencia y renegociaron en 2005 ignorando la existencia de esa causa.
Aquí hay inconstitucionalidad, estafa y complicidad. Lamento las desviaciones que se han registrado respecto de las causas fundantes del movimiento peronista y del radicalismo, que hicieron de la ética pública una de las razones de su existencia. Con esa actitud han convalidado la continuidad de este mecanismo de vaciamiento y complicidad.
¡Pensemos con grandeza, estimados colegas! ¡Pensemos en las generaciones que siguen! ¡Hay deuda a pagar hasta 2089! Con este canje vamos a incrementar la deuda, contabilizando los intereses, en 20 o 30 mil millones de dólares, en un momento en el que el sistema financiero mundial está quebrado. Este es el momento de mayor fortaleza de nuestros pueblos. Debemos decir “¡basta! La prioridad no son ustedes, que han estafado a todo el mundo en 2008”. Tengamos en cuenta que ese sistema ya nos vació en 2001. Por eso, la prioridad tiene que ser el pueblo argentino y la deuda interna. ¡Basta de llevarse el dinero de nuestros jubilados, de nuestra juventud, de los hospitales, de las universidades y de las pymes que no tienen crédito barato!
Debemos discutir hacia dónde vamos y no pasarnos todo un verano –como lo hicimos debatiendo sobre cuestiones reglamentarias o sobre si era legítimo o no utilizar las reservas del Banco Central.
Hay un tema de mayor importancia: nosotros decimos que este canje es inconstitucional e ilegítimo porque hay ilegítimas facultades delegadas. Tengamos en cuenta que el artículo 40 de la ley de administración permite negociar y renegociar con los organismos internacionales, pero no permite negociar canjes de deuda privada.
Ya hemos denunciado en este recinto junto con el compañero Claudio Lozano –que luego se va a referir a este tema el negocio espurio que hay detrás del canje. Hemos denunciado a la consultora Arcadia como promotora del canje, que nadie reclamaba. Es falso decir que para que la Argentina despegue necesita pedir prestado. Lo prueban los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner; lo prueba el gobierno de Arturo Illia y lo prueban los gobiernos de Juan Domingo Perón, que fueron gobiernos que no se endeudaron. Lo que falta es la decisión nacional, patriótica y unitaria de afrontar entre todos las exigencias del desarrollo nacional captando las rentas excepcionales que este país regala a través de sus recursos naturales. No hay control público. Todo se maneja sobre la base de meras declaraciones juradas.
Por lo tanto, tenemos que exigir una auditoría general de toda la deuda pública. Debemos hacerlo por la dignidad nacional y por el honor de este Parlamento. Así lo está haciendo Brasil en relación con lo que ocurrió con su deuda en los últimos treinta años.
En lo que respecta específicamente a este canje es necesario que de una vez por todas aparezca el registro y el censo de bonistas. ¿Quiénes son los tenedores de bonos? ¿Dónde los compraron? ¿A qué precio los compraron? ¿Creen quizás que todos somos tontos y no nos damos cuenta del juego tenebroso –porque se lleva la riqueza nacional que implica comprar bonos regalados sabiendo que los enganchamos en un canje que pagará de 15 a 50 dólares?
Se requiere una auditoría general de la deuda para que aparezcan los contratos de los tenedores de títulos y se investigue el rol de la consultora Arcadia. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma Buenos Aires.
SR. PINEDO, FEDERICO.- Señor presidente: como he sido aludido por el señor diputado Solanas quiero manifestar que como él conoce nosotros ya hemos comprometido nuestra colaboración para investigar y hacer la auditoría de la deuda externa argentina que considera necesaria.
Además, adelanto que si el señor diputado decide impulsar cualquier mecanismo de investigación sobre el proceso de este canje, incluyendo el tema de la consultora Arcadia y cualquier irregularidad que se pueda haber cometido, contará con los votos afirmativos de nuestro bloque para esa investigación.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL.- Señor presidente: creo que se está empezando a profundizar en el tema de fondo que hay que discutir. Estamos considerando este decreto que es consecuencia de una votación de este cuerpo de noviembre del año pasado, en la que grupos que supuestamente están en las antípodas de la disputa electoral coincidieron para reabrir un canje sin revisar el origen de la deuda.
Se discute sobre la formalidad, es decir, si corresponde hacer esto por decreto o por ley, y en realidad el Congreso autorizó que el Poder Ejecutivo hiciera esto, tal como lo mencionó el diputado Pinedo. En rigor, lo hizo en los términos del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera que delega al Poder Ejecutivo nacional un poder que es privativo de las dos Cámaras del Parlamento.
Discutimos el tema de fondo o nos quedaremos en formalidades que encima no tienen justificación política. Por eso, nosotros planteamos que el problema de la deuda externa es el nudo gordiano de la economía argentina, no porque lo hayamos descubierto sino porque se ha investigado y los gobiernos que tuvieron buena voluntad intentaron profundizar esa investigación.
La deuda externa es el nudo gordiano de la desigualdad social, de la enorme diferencia entre ricos y pobres, de la economía y el desarrollo de nuestro país, en definitiva, el nudo gordiano del presente y el futuro de los argentinos.
Si entre todos no desatamos ese nudo seguiremos peleándonos entre nosotros por futilidades, cuestiones secundarias y no resolveremos los temas de fondo que aquejan a nuestra sociedad.
La deuda externa no es un problema financiero, económico ni jurídico. La deuda externa fue instaurada ex profeso como un sistema de dominación y enervamiento de la soberanía nacional. No lo hizo un gobierno que se equivocó sino un gobierno que quiso destruir la economía argentina, privar a los futuros gobiernos de decisiones soberanas en términos económicos y sociales y someternos al arbitrio de unos pocos. Para eso asesinaron a 30 mil personas a las cuales nosotros homenajeamos cada tanto en esta Cámara.
Por eso, quienes instauraron ese sistema de dominación tienen que ir presos. Hoy está preso Martínez de Hoz, pero no lo hizo él únicamente. Muchos de los que generaron ese sistema no dejaron su huella digital en el fusil, pero sí las dejaron en la constitución de una deuda externa que no generó un gobierno democrático, como el gobierno peronista de los 70 sino la dictadura que lo sucedió, y que para eso dio el golpe.
Denunciar la dictadura, analizar e investigar sus crímenes y buscar la punición sabiendo la verdad es bueno y hay que apoyarlo. Pero esa verdad tiene que ser completa; no sólo saber los detalles macabros de los asesinatos sino que todos podamos conocer e investigar para qué cometieron esos asesinatos. Para ello, es imprescindible auditar la deuda externa. No sólo la deuda que cada tanto se reestructura sino todo el mecanismo jurídico concomitante, es decir, los tratados de protección de inversiones que no fueron hechos para que vinieran inversiones a nuestro país. De hecho, hay 58 tratados firmados y no ha habido una sola inversión justificada a través de esos tratados.
Brasil ha firmado dos tratados de protección de inversiones. Ninguno de ellos fue homologado por el Congreso y tiene muchísimas más inversiones que nuestro país.
Los tratados de protección de inversiones incluyen cláusulas de prórroga de la jurisdicción. Se le otorga a las empresas el tratamiento de un Estado nacional. Se aceptan los tribunales extranjeros para dirimir controversias entre el Estado argentino y una empresa extranjera. Ese es el sistema de dominación que tenemos que desanudar y romper entre todos.
Esta no puede ser una tarea de un grupo partidario, de un bloque del oficialismo o de un grupo de la oposición. Esta tarea nos tiene que convocar patrióticamente a todos los argentinos para que terminen presos los que generaron este sometimiento, es decir, los responsables de los desaparecidos concretos y reales más los desaparecidos económicos posteriores a los años 70.
Por eso, la auditoría es imprescindible. Cada vez que se considera una reestructuración o un tema como éste nosotros votamos en contra, no por la formalidad sobre si es un decreto o una ley sino porque estamos en desacuerdo con el procedimiento de fondo, que es seguir pagando sin primeramente investigar.
El juez Ballesteros detectó la comisión de 477 delitos en la constitución de la deuda. Los acreedores no pueden mostrar documentos acerca de sus acreencias y el Estado argentino les aceptó declaraciones juradas y firmó pagarés sin que hubiera documentación respaldatoria.
Los funcionarios que durante períodos democráticos sucedieron a los de la dictadura que firmaron documentos también deberían ir presos. Asimismo, deberíamos juzgarlos más allá de los partidos a los que representan porque no pertenecen ni enaltecen los que transitaron y nos han generado decisiones que son vergonzosas.
Muchas veces nos golpeamos el pecho cuando, en términos históricos, condenamos el pacto Roca Runciman, pero se continúan firmando cláusulas similares de prórroga de la soberanía, de reconocimiento de tribunales extranjeros sobre los nacionales y de resignación de la inmunidad soberana.
La contracción de la deuda era una necesidad de los prestamistas por el exceso de liquidez que habían producido los petrodólares. Necesitaban prestar plata. Las reestructuraciones fueron una necesidad de los prestamistas. Necesitaban sacarse bonos depreciados para recuperar bonos valorizados a través de mecanismos espurios que generaban funcionarios argentinos junto con banqueros extranjeros, que escribían en inglés y acá eran traducidas las órdenes que tenían que firmar ministros y funcionarios.
Cuando se cuenten estos aspectos de la historia contemporánea, las generaciones futuras van a espantarse y van a opinar lo mismo que nosotros opinamos acerca del pacto Roca-Runciman.
Las reestructuraciones posteriores y el desendeudamiento fueron una necesidad de los acreedores. El Fondo Monetario Internacional decidió que estaba sobreexpuesto en la Argentina, Turquía, Rusia y Brasil.
Por lo tanto, debían pagar la totalidad de la deuda. Y la Argentina les pagó la totalidad de la deuda.
Las reestructuraciones posteriores fueron también una necesidad de los acreedores. No querían tener en el medio de una crisis financiera bonos que se habían desvalorizado, que habían comprado para especular y el negocio les había salido mal. Por eso, primero capitalizaron la deuda, tomaron bienes argentinos a precios viles y la Argentina seguía debiendo más dinero cada vez que se reestructuraba esa deuda.
No es verdad lo que se propagandiza sobre la quita. La quita son asientos contables con premios futuros exorbitantes para los acreedores.
Por eso, invocamos a todos los bloques para que vean que es necesario discutir el tema de fondo. Hoy estamos discutiendo el decreto 1.953; no basta con discutir esto.
Tenemos que sentarnos para discutir en una sesión la conformación de una comisión bicameral, con el fin de que podamos votar todos, codo a codo los partidos populares, para que esto se investigue. No podemos permitir que el pueblo argentino y los más desposeídos sigan pagando esto. Nos lamentamos después cuando vemos pibes desnutridos, cuando los hospitales se caen a pedazos o los maestros no saben qué hacer con sus escuelas porque no reciben dinero ni material didáctico.
Es imprescindible que nos sentemos a discutir. A lo mejor hay que tejer acuerdos, pero se trataría de una decisión que nos enaltecería a todos. Desde cualquier punto ideológico debemos acordar una decisión que sea por el interés nacional. Debemos jugarnos y respaldar al gobierno que se juegue haciendo esto.
Por eso, vamos a votar en contra, como lo hemos hecho en cada reestructuración, por los motivos que planteamos. No queremos quedarnos siendo un grupo pequeño de oposición. Tampoco pretendemos estar en la posición cómoda de reclamar, votar negativamente e intentar buscar un rédito político.
Queremos que todos podamos tomar esa decisión. Y si el gobierno toma una decisión que entendemos correcta, lo apoyaremos sin ninguna especulación aun por encima de los costos políticos que pudiéramos tener.
Entendemos que la actividad política debe ser una actividad responsable que honre a cada uno de los que promueven ideas. También debemos ser consecuentes con lo que decimos en el momento de tratar los temas.
Por eso, vamos a votar negativamente este decreto. No lo hacemos por una formalidad, sino por la situación de fondo que implica continuar generando deuda y creer que van a venir más inversiones cuando en realidad no vienen. La deuda se acrecienta y la gente sigue pagando a costa del sufrimiento, fundamentalmente de los más desposeídos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. LANDAU, JORGE ALBERTO.- Señor presidente: para saber si el decreto en consideración –número 1.953/09 es o no delegado primero debemos hacer una breve reseña de las definiciones de tipo de decreto que realiza la doctrina para determinar si encuadra dentro de alguno de los tipos establecidos y saber cuál es el tratamiento que debe darse a la cuestión.
Permítaseme leer algunas definiciones, porque creo que nos servirán para encuadrar este debate. Los reglamentos o decretos pueden definirse como todo acto unilateral que emite un órgano de la administración pública, creador de normas jurídicas generales y obligatorias, y que regula por tanto situaciones objetivas e impersonales. Esta es la definición de la doctrina.
Los reglamentos se clasifican, según la doctrina, en ejecutivos, autónomos, delegados, y de necesidad y urgencia. Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2º, de la Constitución Nacional. Se utilizan para asegurar o facilitar la aplicación de las leyes regulando detalles necesarios para el mejor cumplimiento de las mismas y de las finalidades que se propuso el legislador.
En relación con los reglamentos autónomos artículo 99, inciso 1º, de la Constitución Nacional son aquellos dictados por el Poder Ejecutivo en materias acerca de las cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo con textos o principios constitucionales.
Aquí es bueno recordar que la doctrina considera que en la medida en que exista una zona de reserva de la ley que no puede ser invadida por el poder administrador, también hay un ámbito de competencia reservado a la administración, en el cual el Poder Legislativo no puede inmiscuirse como consecuencia del principio de separación de poderes.
Con la reforma constitucional de 1994 quedó superado finalmente el debate doctrinario respecto de los decretos delegados al contemplarse expresamente la delegación en el artículo 76 de la Constitución. Es bueno recordar que en dicha norma, si bien genéricamente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo como se ha dicho acá , seguidamente se enuncia una serie de requisitos concurrentes para viabilizar el supuesto de excepción. Los mencionados requisitos se refieren a las materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases que el Congreso establece para el caso.
-- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Susana Fadel.
SR. LANDAU, JORGE ALBERTO.- Conforme lo expuesto, como excepción a la prohibición, se habilita una delegación circunscripta a materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Lo que nos interesa destacar en cuanto a la locución “materias determinadas de administración” es que se refieren a aquellas que son de competencia del Congreso, pero no incluyen las que originariamente corresponden al Poder Ejecutivo.
Desde este punto de vista, la delegación autorizada excepcionalmente por el Congreso se referiría sustancialmente a las materias de administración confiadas por la Constitución a aquél, con exclusión del resto de las materias propias de la función administrativa, las cuales corresponderían originariamente al Poder Ejecutivo y no necesitaría, por lo tanto, de delegación para ser asumidas por éste.
Por ello, no puede establecerse un paralelo entre las bases que constituyen los límites del ejercicio de la potestad reglamentaria y las del ejercicio de una facultad delegada. En el ejercicio de la potestad reglamentaria, el Poder Ejecutivo debe cuidar de no alterar el espíritu de la ley a través de su reglamentación; en cambio, en el ejercicio de una potestad delegada, hace la ley y crea su espíritu. Esta es la definición que corresponde a los decretos delegados.
Por lo tanto, debemos determinar aquí si hay una delegación, y para ello antes de verificar si se han cumplido con los requisitos establecidos por la Constitución para el ejercicio válido de una facultad delegada, es necesario analizar si se trata realmente de un decreto delegado o de ejecución, ya que en este caso no rigen las previsiones establecidas en el artículo 99, inciso 3°, ni naturalmente el procedimiento de la ley 26.122.
Entonces, el Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último considerando del decreto de que éste se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 1º, de la Constitución, y también hace referencia al artículo 40 in fine de la ley complementaria del presupuesto 11.672 .
Respecto del análisis del decreto objeto de estudio el Poder Ejecutivo nacional destaca que en el marco de las operaciones de deuda pública que se prevé realizar en el mercado financiero local e internacional, se entiende conveniente y necesario habilitar la posibilidad de acceder al mercado doméstico de los Estados Unidos. En tal sentido, la registración de un programa de deuda pública del Estado nacional ante la SEC de los Estados Unidos permitirá maximizar la participación de inversores de dicho mercado y posibilitará globalizar los instrumentos que se coloquen.
Ese proceso de registración consiste entonces en solicitar ante la citada autoridad regulatoria la autorización para realizar oferta pública en el mercado doméstico del mencionado país, pero de ninguna manera constituye un aumento del endeudamiento ni debe ser entendido como el ejercicio de una autorización de endeudamiento ni como una operación de emisión de deuda pública, como se intenta plantear en este debate.
Las normas en cuestión no constituyen otra cosa que normas propias de un reglamento autónomo dictado por el Poder Ejecutivo en ejercicio del poder de administración, y la referencia al Ministerio de Economía no es una subdelegación prohibida sino una clara atribución de competencia del órgano superior de la administración en un órgano que depende de él.
Finalmente, como el artículo 40 in fine de la ley 11.672 faculta al Poder Ejecutivo a someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones, a tribunales arbitrales con dirimente imparcialmente designado o a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como se puede observar, el artículo 40 in fine de la ley 11.672, no delega en el Poder Ejecutivo una función de legislación propia del Congreso sino que establece una directiva de ejecución para el Poder Ejecutivo especificando la posibilidad, en caso de controversias con personas extranjeras, de recurrir a tribunales arbitrales.
En este sentido, cabe concluir que el decreto 1.953, desde ningún punto de vista, es un decreto delegado sino que pura y exclusivamente es un decreto de ejecución, facultad propia del Poder Ejecutivo, por lo que esta Cámara no tiene facultades para su rechazo, tal como lo sostuvimos en ocasión del tratamiento en la Comisión de Seguimiento.
Sólo corresponde entonces la toma de razón del acto administrativo que resulta accesorio de una emisión de deuda que en todo caso requerirá un tratamiento posterior. Pero justamente el decreto aquí se preguntaba por qué fue remitido es para el conocimiento de la comisión que consideraba el tema del decreto 298.
Fue en esa ocasión cuando se remitió este decreto. O sea que este decreto no genera endeudamiento: sólo permite la toma de conocimiento por parte del Congreso de lo que está haciendo el Ejecutivo. Esto viene a cuento de lo que se mencionaba aquí acerca de la falta de información o de conocimiento. Justamente lo que hace este decreto es poner en conocimiento lo que va a hacer el Poder Ejecutivo en base a sus facultades privativas, esto es, la apertura de la cuenta, la notificación a la SEC y la determinación de las condiciones generales por las cuales la emisión de deuda posterior que consideraremos nosotros recién entonces se hará efectiva. Vale decir que no corresponde de ninguna manera ni la aprobación ni el rechazo. Lo que corresponde es la toma de conocimiento, tal como lo sostuvimos en aquel momento.
Aquí se ha mencionado el tema de la prórroga de jurisdicción y permitan que recuerde que las condiciones generales en las que la República Argentina emite deuda desde hace muchísimos años pasan por la prórroga de jurisdicción y en este sentido no sólo existen los dictámenes de la Procuración del Tesoro que avalan este procedimiento sino que han sido las características de la emisión de deuda que han hecho todos los gobiernos que nos precedieron desde los gobiernos radicales. Así, aquí tengo el decreto 1.179 del año 2000, de emisión de deuda pública firmado en acuerdo general de ministros.
En el artículo final de dicho decreto se facultaba al Ministerio de Economía a incluir en los contratos que suscriba por emisión de deuda pública cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción por un importe equis.
Del mismo tenor es este otro decreto, 740 del 2001, también de la administración radical, que va en el mismo sentido.
Como si eso fuera poco, quiero referirme finalmente al tema del endeudamiento de las provincias, y en particular al caso de la provincia de Buenos Aires, instrumentado por el decreto 283 de 2004, con la firma del ingeniero Solá como gobernador de la provincia. También lo hizo en el mismo sentido y así procedieron todos los gobiernos. No hay forma de emitir deuda que no sea en estas condiciones.
Si efectivamente nosotros queremos avalar la política...
SR. SOLA, FELIPE CARLOS.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?
SR. LANDAU, JORGE ALBERTO.- Sí, señor diputado.
SRA. PRESIDENTA FADEL.- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SOLA, FELIPE CARLOS.- Señora presidenta: como se habla del canje de la provincia de Buenos Aires de 2005, realizado unos meses después del canje que hizo la Nación, quiero informar que ese canje fue por 2.900 millones de dólares y que la quita estuvo entre el 50 y el 60 por ciento. La mayoría de los tenedores eran pequeños portadores italianos, la aceptación fue del 95 por ciento y de esa manera pudimos solucionar una parte de la gran deuda de la provincia de Buenos Aires -en este caso la deuda externa- que se había generado en los noventa.
Quiero decir también que lo hice como gobernador de una provincia que tenía menoscabados cabalmente sus ingresos en razón, en primer término, de una coparticipación muy por debajo de las necesidades que tiene y que tenía.
Todos saben que los bonaerenses tenemos cada vez menos coparticipación porque hay una parte de ella que es fija. En este momento estamos orillando el 20 por ciento y seguramente el año próximo estaremos por debajo de ese porcentaje. Una parte está fija desde que se consolidara como Fondo del Conurbano Bonaerense. Son 650 millones de pesos, es decir, la misma cifra del año 95.
Quiero decir también que a la provincia de Buenos Aires la tomé en una situación muy difícil, ya no desde el punto de vista de la deuda sino del déficit presupuestario del día a día, y debimos recurrir al patacón. Debimos tener patacones del año 2001 y recién se pudo enfrentar este perfil de deuda, agotador porque estaba en default en ese momento.
Quiero recordar que la Legislatura lo aprobó pero además estuvo informada permanentemente, como estuvieron informados todos los periodistas, los mismos que nos acompañaron en una gira a la que no fui y sí lo hizo el ministro de Economía, Gerardo Otero.
En aquel momento yo le presenté al entonces presidente de la Nación cuál era el planteo de nuestro propio canje, después del exitoso canje de deuda del 2005 que había tenido la República Argentina. El ex presidente –eso me lo hizo acordar hace unos minutos el ex ministro Gerardo Otero me dijo que no convenía que lo hiciera de esa manera -estoy seguro de que lo dijo de buena fe en ese momento- sino que “lo que conviene es que vayas a ver al ministro De Vido y al subsecretario Uberti para que el tema de la deuda te lo resuelva Venezuela”. Lo tengo presente perfectamente ahora que me lo recuerda Gerardo Otero.
Finalmente, fuimos a hablar con el ministro De Vido para ver qué posibilidades había, y no había una posibilidad concreta de enganchar con la asistencia venezolana esa deuda que tenía Buenos Aires.
Nunca he comentado esto porque no le he dado demasiada importancia, pero ahora lo aclaro porque se pretende confundir a todos diciendo que yo estoy en contra de todo canje, cuando lo que dije acá fue que los diputados del Peronismo Federal íbamos a votar en contra del decreto 1953, como forma de protestar por la ausencia de información y la tabicación con la que se manejó la presidenta de la República para con este Congreso desde el 14 de diciembre en adelante, por lo menos, ya que la composición del Congreso era otra desde el 10 de diciembre.
SR. LANDAU, JORGE ALBERTO.- Señora presidenta...
SRA. PRESIDENTA FADEL.- Señor diputado: le pido que cierre su discurso porque ya se ha excedido mucho tiempo.
SR. LANDAU, JORGE ALBERTO.- Seré muy breve, señora presidenta. Simplemente, quiero leer la parte final del artículo 3º del decreto al que hacía referencia. Dice así: “...el contrato correspondiente, que podrá incluir la aceptación de la ley aplicable extranjera, prórroga de jurisdicción y renuncia a oponer defensa de no justiciabilidad.”
SRA. PRESIDENTA FADEL.- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. LOZANO, CLAUDIO.- Señora presidenta: quiero hacer cuatro señalamientos y algunas precisiones.
El primer señalamiento es que nuestro interbloque reafirma lo que ha venido sosteniendo en el sentido de que la operación de canje de deuda en curso a la cual remite el decreto que estamos considerando representa un punto de inflexión en la estrategia oficial, en su discurso, que supone retomar el camino y la política del endeudamiento como parche para afrontar el proceso de desarticulación de una política económica que desde 2007 hasta acá presenta problemas.
El segundo señalamiento es el siguiente. También decimos que por detrás de la operación de canje ha reaparecido en la escena pública –como bien lo han relatado los señores diputados Solanas y Macaluse- un discurso noventista que repite que bajo la regularización de las relaciones financieras con el mundo, podrá incluirse el reconocimiento de una deuda que no se iba a reconocer con los holdouts , el tema de afrontar la deuda con el Club de París –cuyo 50 por ciento fue contraído en la época dictatorial y retomar la relación con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual tendríamos efectos positivos en términos de tasa de interés, acceso al crédito y financiamiento de la inversión y del desarrollo. Es decir, esto se presenta como la alternativa para dinamizar la inversión.
El otro señalamiento es que nosotros hemos sostenido y sostenemos algo muy concreto: para dinamizar la inversión en los términos que nuestro país requiere, que implica no sólo que la economía se mueva hacia arriba sino que se reoriente el perfil productivo, la propuesta es mucho más sencilla y supone usar reservas como fondo para financiar el desarrollo, modernizar el aparato productivo, reconstruir la industria naval, poner en marcha la petrolera estatal y llevar adelante todas aquellas cuestiones que son imprescindibles, como por ejemplo la reconstrucción del ferrocarril, y que además nos permita una estrategia que reconfigure un perfil productivo que nos garantice producción y empleo calificado.
En el contexto de este último señalamiento, para nosotros el hecho de que hoy esta Cámara rechace este decreto es una clara señal política de que este Cuerpo no acepta volver a tomar el camino del endeudamiento.
Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, planteo lo siguiente. El resultado concreto es una operación de canje -tal como lo hemos dicho, inconstitucional, ilegal y sospechada de tráfico de influencias-, que ahora sí conocemos y que, concretamente, aparece como más generosa que la que se hizo en 2005.
Es decir que la oferta que se está planteando vulnera, incluso, el sentido de la suspensión de la ley cerrojo que se votó en el Parlamento, dado que la mayor o menor validez de una oferta no se mide solamente por lo que se da o deja de dar, sino por el hecho concreto de que se está permitiendo que los bonistas y acreedores puedan retrotraer su situación al momento del canje de 2005, como si hubieran ingresado en aquel año, pese a que hoy las condiciones son diferentes. Por lo tanto, en la práctica se está haciendo una oferta mucho más generosa que la que se hizo en aquel momento, vulnerando lo que el Parlamento votó.
No sólo no conocimos la oferta ni la autorizamos en el Parlamento, sino que el único sentido que se planteó cuando se discutió la ley cerrojo hoy se está vulnerando.
En primer término, todos sabemos que el 80 por ciento de los bonistas compró los bonos de la deuda pública a precios de remate y por lo que se les está ofreciendo, de acuerdo con lo ya publicado por el ministro de Economía, de movida obtendrán rentas superiores al 70 por ciento.
En segundo lugar, nadie puede explicar sensatamente por qué el gobierno ha reabierto el canje anterior, ofreciendo dos tipos de bonos. Uno de ellos trata de bonos ajustables por CER, cuando en su momento dijeron que tenía que intervenir el INDEC debido a que eran títulos demasiado onerosos.
El otro es el bono cupón del PBI, que durante todo el año 2008 y 2009 dijeron que había que sacarlo del mercado, ya que era demasiado caro. No se puede entender por qué hoy reabren el canje ofreciendo los mismos bonos que se entregaron antes.
En tercer lugar, se dijo que con el bono discount había una quita del 66,3 por ciento y que se iban a reconocer 33 unidades monetarias por cada 100. ¡Mentira, porque es el bono discount del canje anterior, que ya capitalizó un 30 por ciento! Por lo tanto, se reconocerán 43 por cada 100.
En cuarto lugar, dada la evolución del producto, tanto por crecimiento económico como por el artilugio estadístico de subestimar la inflación, la idea de entregar ahora un bono cupón del PBI y decir que ello ata la suerte de los acreedores a la de la Argentina es falso. Se trata de un bono de cobro con certeza, porque la condición básica para acceder al pago ya se cumplió con el crecimiento anterior. Por lo tanto, aún con una Argentina que tenga volatilidad y caída en la actividad económica, ese bono también se podrá cobrar.
Por último, considerando la deuda emitida, en función del bono discount más su capitalización se emitirán 7.090 millones de dólares; en función del bono par, 2 mil millones de dólares más; en función de los intereses atrasados que se reconocen, 1.600 millones de dólares adicionales; además, se incluye un pago en efectivo de 160 millones de dólares. En total, 10.830 millones de dólares, sobre una deuda total a considerar de 18.300 millones. Estamos emitiendo deuda por un 60 por ciento del total en discusión.
Esto no es todo. Si se agrega el compromiso tomado por los bonos cupón del PBI que se pretenden colocar, hay que sumar 7.430 millones de dólares. En realidad, estaríamos prácticamente pagando 20 mil millones de dólares; es decir, el 99,9 por ciento del total de la deuda.
Aquí no hay ninguna quita, y en base al bono cupón del PBI quedarían compromisos a pagar por 16 mil millones de dólares. Si se suma esta cifra y lo que se va a abonar ahora, llegaríamos a los 26 mil millones de dólares, que es igual a toda la quita del canje de 2005. Esto muestra que la historia de los canjes es simplemente reducir la deuda hoy para asumirla mañana.
En este marco, la propuesta que se plantea no respeta lo que el Parlamento votó, y tampoco hemos visto la oferta financiera. Así les pedimos a todos que jueguen, como ocurrió ayer, con su libertad de conciencia, a fin de votar en la dirección que corresponde y rechazar este nuevo intento de avanzar en una política de endeudamiento.
Si esto no prosperara, habría que seguir con una comisión investigadora, no sólo de toda la deuda sino también de este canje. Necesitamos los contratos y que nos digan con precisión cuál es el papel de Arcadia y cuál es la relación entre los señores Etchebarne, Diego Bossio, Pablo Bossio y el ministro Boudou. Nos deben decir con precisión por qué una consultora que está operando desde el año 2008...
SRA. PRESIDENTA FADEL.- Su tiempo ha concluido, señor diputado.
SR. LOZANO, CLAUDIO.- ...en realidad no fue mencionada en ningún momento como parte de la operación de endeudamiento. Necesitamos conocer el censo completo de los bonistas que van a intervenir en este canje.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR.- ¡Preguntale a Larrosa!
-- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. PRESIDENTA FADEL.- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. BONASSO, MIGUEL LUIS.- Señora presidenta: ante todo, quisiera exponer, si terminan los diálogos.
Quiero apoyar firmemente lo que han planteado mis compañeros y colegas del Interbloque de Proyecto Sur, Pino Solanas, Claudio Lozano y Eduardo Macaluse. Coincido totalmente con ellos, y sólo haría un pequeño agregado con un matiz importante, vinculado con la relación entre el endeudamiento y la fuga de capitales.
Hay razones por las cuales nos encontramos en una Argentina empobrecida y marginal. La Iglesia habla del escándalo de la pobreza. Sería bueno introducir un elemento técnico que explicara cómo se puede salir de esa situación y cómo, efectivamente, se podría incluir a los argentinos marginados y que padecen hambre.
Ha habido dos grandes períodos en la economía argentina. De 1945 a 1975, aproximadamente, hubo una política de industrialización por sustitución de importaciones, que precisamente comienza con el gobierno del general Perón.
Luego hay otro enorme período negro, que podríamos llamar de valorización financiera, que se inicia con José Alfredo Martínez de Hoz, la dictadura militar y 30.000 compañeros desaparecidos. Tiene un personaje central que no ha sido mencionado hoy y al que quiero recordar: se llama Domingo Felipe Cavallo, quien, al igual que Martínez de Hoz, lo único que nacionalizó en su vida fue la deuda privada; si no recuerdo mal, lo hizo durante el gobierno del señor Bignone, recientemente procesado.
Cavallo nacionalizó la deuda privada, de la misma manera que el señor Martínez de Hoz -que no había nacionalizado nada en su vida- fue partidario de la nacionalización de la Compañía Italo-Argentina de Electricidad, porque él era representante de los capitales suizos que eran dueños de esa empresa, como de Motor Columbus y otras.
El proceso de valorización financiera alcanza su cúspide con el señor Domingo Felipe Cavallo y el uso de la convertibilidad, con un mecanismo muy sencillo y perverso que se ha escamoteado. Así se generó la gran deuda externa argentina, a partir de los grandes grupos concentrados que ganaron mucho dinero en esos años. ¿Cómo lo hicieron? Compraron acciones de las empresas de servicios públicos privatizadas, luego las vendieron, colocaron ese dinero a altísimas tasas de interés en el mercado local y finalmente cambiaron los pesos uno a uno y se llevaron la plata afuera. Algunos economistas calculan que el total de esas operaciones se ubica en el orden de los 120.000 millones de dólares, es decir, una cifra muy parecida a lo que era el total de la deuda externa en aquellos años.
Por lo tanto, podemos decir que entre la convertibilidad y la deuda hubo una relación viciosa. Por eso, tenemos temor de que ese mecanismo vicioso se repita, a pesar de la retórica que habla de fondos del bicentenario y de otras manifestaciones patrióticas. Digo esto porque durante la Revolución de Mayo algunos agentes británicos contrataron un empréstito con la Baring Brothers por un millón de libras esterlinas, de las cuales el país no vio un centavo. Ese dinero se lo quedaron los economistas, es decir, los Felipe Cavallo y los Martínez de Hoz de aquella época. Ellos fueron los que usufructuaron ese préstamo por el que la Argentina quedó endeudada hasta 1890, o sea, hasta el gobierno de Juárez Celman, cuando se produjo el escándalo de la compañía de agua y la quiebra de la Baring Brothers.
No quiero hacer una reseña de un proceso de erudición histórica; simplemente, deseo señalar que si analizamos atentamente el balance de pagos nos vamos a encontrar con un mecanismo bastante parecido al del proceso de la valorización financiera. Tengamos en cuenta que a diferencia de la valorización productiva, con la financiera los principales activos de los grupos industriales no eran productivos sino financieros; ganaban más plata especulando.
En ese sentido, en el balance de pago de estos años nos vamos a encontrar con que la huida de divisas se ubica en el orden de los 9.500 millones de dólares por año, sobre todo de 2008 a la actualidad. Reitero que el mecanismo para llevarse esos recursos es bastante parecido, porque observamos que existen papeles en la Bolsa que a raíz de todo este juego que se ha dado en torno de los bonos obtuvieron ganancias de un 70 por ciento, beneficiados además por un tipo de cambio estable y favorable, y ese dinero se lo están llevando al exterior.
Por lo tanto, este Congreso no puede convalidar a ciegas el decreto 1.953 ni ningún otro decreto de necesidad y urgencia que represente un mayor endeudamiento para la República Argentina, porque a través de un mecanismo perverso esa deuda la terminarán pagando las futuras generaciones.
No se trata de decir irresponsablemente –como lo van a expresar propagandísticamente que nosotros no queremos honrar la deuda. Ya sabemos qué pasó con el megacanje y con el blindaje, porque ese “honrar la deuda” del que hacía gala Fernando de la Rúa terminó con la explosión social y política más importante del siglo XX, que hizo eclosión en diciembre de 2001.
Espero que no volvamos a recorrer ese camino, que está presente en el hambre e indignación de los sectores populares. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA FADEL.- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.
SR. PAIS, JUAN MARIO.- Señora presidenta: creo que nos estamos apartando del eje del debate, que es el dictamen de la Comisión Bicameral relativo al decreto 1.953. Sin embargo, estamos rediscutiendo un proceso de canje de deuda que ya está lanzado, que fue aprobado por los mercados internacionales y que seguramente va a culminar con éxito. Esto nos permitirá ir solucionando el problema de la deuda que aún se encuentra en default.
Nada de eso es óbice para que se investigue la deuda originaria, pero, paralelamente, tendríamos que hacernos cargo también de las decisiones adoptadas por los gobiernos constitucionales desde 1983 en adelante, que han renegociado varias veces esa deuda que hoy se encuentra en default.
Tengamos en cuenta que no estamos hablando de grandes bancos sino de algunos fondos buitres y de otros bonistas como algunos jubilados alemanes, italianos o japoneses, a quienes tenemos que pagar y honrar la deuda.
Eso no quita que si encontramos irregularidades accionemos contra la banca internacional y los culpables de esas irregularidades, y busquemos el resarcimiento respecto de lo que hemos pagado de más. Esto lo podemos hacer en los tribunales internacionales y aun en nuestros tribunales. Tenemos la plenitud del ejercicio de ese derecho y nunca lo hemos renunciado.
Volviendo al decreto 1.953, señalo que ha sido dictado en el marco de las facultades propias del Poder Ejecutivo, fundamentalmente en virtud de lo dispuesto en los incisos 1 y 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional. Esto significa que al tratar de dejarlo sin efecto a través del proyecto de resolución en consideración nos estamos inmiscuyendo en las facultades exclusivas de otro poder del Estado, el Ejecutivo, que lo dictó en plenitud.
La misma Comisión Bicameral sólo hace referencia a que entiende su competencia en función del artículo 40 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, y no así en cuanto al resto de la materia. Este decreto tiene directamente la misma factura que el decreto 1.735/04.
Hay que apelar a la responsabilidad que el momento nos manda como Congreso de la Nación en relación con un canje de deuda en curso. Hay que apelar a la responsabilidad de los argumentos jurídicos para poder analizar con seriedad lo que es materia del asunto que estamos considerando, que no es la deuda externa desde su origen sino fundamentalmente el decreto 1.953 y si éste fue dictado o no por el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus facultades.
En coincidencia con lo expresado por el diputado Landau, sostenemos que aun lo analizado en materia de prórroga de la competencia es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, porque ha sido delegado como atribución administrativa. Cuando las atribuciones administrativas son conferidas no se ejercen como una norma delegada sino per se, como una función competente en orden a lo normado por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.
El constitucionalista doctor Germán Bidart Campos sostiene que es facultad concurrente del Poder Ejecutivo y del Legislativo la de proceder a la prórroga de jurisdicción, de modo que un poder podría conferirla sin necesidad de la participación del otro poder. Esto está expresado en el Manual de Derecho Constitucional, Tomo III, 1997, página 477.
Al dictar este decreto el Poder Ejecutivo nacional ha ejercido una función que le es propia. Como bien lo señaló la diputada Conti, lo ha remitido para conocimiento del Congreso, y en ese sentido el despacho que suscribió el oficialismo en la Comisión Bicameral se ha limitado a tomar nota de este hecho porque es un acto jurídico efectuado por otro poder del Estado en el marco de sus competencias.
Para rechazar este decreto por medio de un dictamen de la Comisión Bicameral la oposición afirma que el decreto 1.953 se dictó en ejercicio de facultades legislativas delegadas, aludiendo a la referencia que hace el decreto del artículo 40 de la ley 11.672. Sostienen que es una ley delegante de carácter permanente, por lo que no se adecua al requisito del plazo fijado para su ejercicio plasmado en el artículo 76 de la Constitución Nacional. Es sabido por todos que esta ley es previa a la reforma constitucional de 1994.
Se destaca que esta ley delegante –que, insisto, es anterior a l994- está plenamente alcanzada por las previsiones de la 26.519 y, por supuesto, debe ser revisada por la Comisión Bicameral Especial. Sin embargo, el dictamen no menciona una omisión imperdonable que la ley 26.519 prorrogó por un año la vigencia de las leyes delegantes preexistentes a la reforma de 1994, como por distintos motivos se viene haciendo desde 1999. Por lo tanto, las leyes delegantes anteriores a la reforma que no tenían plazo de vigencia pasaron a tenerlo por lo dispuesto en la disposición transitoria octava y, por ende, si tiene plazo de vigencia la 11.672, el ejercicio que hizo el Poder Ejecutivo -en el caso de que interpretásemos que era una norma delegante- ha sido perfecto y ajustado a derecho.
Entonces, señora presidenta, creemos que desde el punto de vista jurídico no podemos sostener que esta norma es inválida. A lo sumo y eventualmente en el caso del diferendo, la Comisión Bicameral podría llegar a sostener que sería inválida la prórroga de jurisdicción. En ese caso estaríamos analizándola en otros términos, como estamos haciéndolo aquí.
Pero por supuesto que el decreto 1953 en su totalidad es una norma perfectamente válida. Además, es la derivación lógica y natural de lo que le mandó incluso al Poder Ejecutivo la ley 26.547, que fue la norma que produjo la reapertura del canje.
Entonces, si el Poder Ejecutivo está cumpliendo en el marco de sus atribuciones, por vía del decreto 1.953, lo que mandó este Congreso, entiendo que más de uno está tratando nuevamente de avanzar y legislar sobre la ley 26.547. En función de eso a la oposición le digo: presenten un proyecto para derogar la ley 26.547, tratémoslo en las comisiones y después debatámoslo acá.
Sabemos que tenemos un canje en curso y que el gobierno va a tener que rendir cuentas a este Congreso. Al mismo tiempo, podemos convocar al ministro para que venga al Congreso, pero no pongamos palos en la rueda frente a este proceso de renegociación del canje, que es sumamente trascendente e importante.
Entonces, vuelto al debate este decreto, nosotros sostenemos que debemos ser absolutamente responsables tanto en el contenido de lo que estamos haciendo como, fundamentalmente, en la temporalidad de lo que estamos haciendo.
Hoy, este canje está en proceso y lo que ha hecho la Argentina es lo mismo que vienen haciendo el resto de los países. La Argentina así lo hizo en 2005: aprobó la ley 26.017 y justamente así aprobó la prórroga de jurisdicción. De esta manera, mandó al Poder Ejecutivo la ley 26.547 para la reapertura del canje y, fundamentalmente, lo que hace la Argentina no es nada más ni nada menos que lo que hacen otros países, como Brasil, cuyos bonos globales tienen prórroga de jurisdicción y legislación extranjera. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA FADEL.- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA.- Señora presidenta: voy a parafrasear a Martí, cuando decía, refiriéndose a Estados Unidos: “He vivido en el vientre del monstruo y conozco sus entrañas”. Yo me refiero a un cierto pasaje por las ciencias y por las distorsiones que muchas veces las corrientes de las ciencias pueden generar sobre la realidad histórica y social.
A mí me ha tocado discutir con biólogos, que tienden a ver la realidad a través de un microscopio, y con astrónomos, que la ven a través de un telescopio. Pero ninguno ha distorsionado tanto la realidad como los economistas que vienen de las corrientes neoclásicas y neoliberales. El tema es que estas distorsiones de la realidad no son inocentes.
Tenemos un ejemplo en el señor Cavallo, quien utiliza una serie de términos ininteligibles para el grueso de la población: default, holdouts, prime, subprime, ceteris paribus, etcétera, de manera tal que no se comprenda qué es lo que quiere decir. Cavallo decía: “Usted no sabe de economía”, porque él había cursado en la Universidad de Chicago. Entonces, supuestamente, no se podía cuestionar su política. Mientras, estaba destruyendo la Nación haciendo crecer aceleradamente la pobreza, la desocupación, bajando los salarios y precarizando el trabajo.
En este sentido, preferimos tener una mirada de la economía más parecida a la de Raúl Scalabrini Ortiz, quien decía a sus trabajadores: “Si cuando hay un tema de economía usted no entiende qué le están diciendo, vuelva a preguntar. Si la segunda vez no lo entiende, no tenga ninguna duda: lo están estafando.”
Desde esta mirada queremos señalar que una de las características de estos recursos de distorsión es referirse a los capitales financieros internacionales o a los mercados como si fueran entes abstractos, en general siempre al borde del ataque de nervios si no pueden cumplir con sus tareas de saqueo y especulación. Pero cuando a esos mercados les ponemos nombre y apellido –porque tienen nombre y apellido podemos ver que las cosas tienden a aclararse.
Por ejemplo, entre otros nombres y apellidos de esos mercados, tenemos al Citibank y al Deutsche Bank. Entonces, podemos seguir cierta historia de estos entes que no son abstractos.
Acá se ha mencionado la crisis del petróleo y el reciclado de los petrodólares. Esos bancos, que tenían un exceso de dinero y no podían invertirlo por la crisis de los países centrales, presionaron para que nuestros países se endeudaran de una manera absolutamente ilegal y delictuosa. Luego, cuando Estados Unidos en 1981 lanza el proyecto neoconservador de Reagan y la guerra de las galaxias –lo que supone grandes inversiones armamentistas y espaciales, como también el desarrollo científico y tecnológico , entonces la Reserva Federal sube la tasa de interés y entramos en la crisis de la deuda.
¿Quiénes estaban en el préstamo ilegítimo de esa deuda odiosa de la dictadura militar? El Citibank y el Deutsche Bank.
¿Quiénes estaban en la estatización de la deuda privada del señor Cavallo? El Citibank y el Deutsche Bank.
¿Quiénes estaban implicados en el Plan Brady y la privatización de los recursos y del patrimonio públicos en ese verdadero saqueo y despojo de nuestra Nación, que fueron las privatizaciones? El Citibank y el Deutsche Bank.
¿Quiénes estaban en el megacanje? El Citibank y el Deutsche Bank.
¿Quiénes estaban en el corralito? El Citibank y el Deutsche Bank. Mientras se confiscaban los ahorros de cientos de miles de pequeños y medianos ahorristas generando grandes dramas sociales, salían camiones cargados con dólares hacia Ezeiza para preservar las inversiones de los grandes clientes. ¿Quiénes estaban en esos camiones? El Citibank y el Deutsche Bank.
Pero también los encontramos en otros lugares. En la bancarrota de la empresa Enron, que durante los cinco años anteriores a esa quiebra fraudulenta había sido definida por la revista Fortune como la empresa modelo a nivel mundial. ¿Quiénes estaban en la quiebra fraudulenta de la empresa Enron? El Citibank y el Deutsche Bank.
¿Quiénes estuvieron en la caída de Wall Street, en esa brutal estafa que se realizó en el corazón del imperio financiero? El Citibank y el Deutsche Bank.
¿Quiénes están ahora ayudándonos a canjear la deuda para que nos quieran de nuevo los capitales financieros y nos presten a bajo precio? El Citibank y el Deutsche Bank.
Acá algo raro está pasando. Lo de Scalabrini Ortiz no tiene que ver solamente con la mirada sobre la economía y las estafas que pueden efectuar los economistas en nombre de la ciencia económica, que conozco muy bien. El tema tiene que ver con la ética política y con la ética pública de Scalabini Ortiz.
Hacer negocios privados o de amigos con recursos y patrimonios públicos que son de todos los argentinos, en detrimento del bienestar y del futuro de los habitantes de este país, es un delito gravísimo que debe tener punición.
Entonces, nos preguntamos si acá existía información privilegiada acerca de la posibilidad de la apertura del canje de la deuda y, por lo tanto, grandes negocios a realizar comprando bonos absolutamente devaluados para ser valorizados mediante esta deuda, como nos hace sospechar la existencia de la consultora Arcadia.
Queremos saber si en nombre de un supuesto gobierno nacional y popular se tiene la mirada de Scalabrini Ortiz o se continúa con la mirada de Cavallo; si, como diría Scalabrini Ortiz: “No lo duden; más allá de si holdouts, default, prime, subprime o ceteris paribus, no lo dudemos: nos están estafando”. (Aplausos.)
SRA. PRESIDENTA FADEL.- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
SR. DATO, ALFREDO CARLOS.- Señora presidenta: al inicio de este debate se hace una cita literaria en función del nombre de la consultora, que es femenino, y el personaje de Cien años de soledad, que es masculino: Arcadio. Desde el punto de vista de la selección me parece que, habida cuenta de que aquí hay una guerra, el gobierno no debió haber optado por “Arcadio Buendía” sino por “Aureliano Buendía”, que era coronel, y prepararse para la guerra.
-- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Eduardo Alfredo Fellner.
SR. DATO, ALFREDO CARLOS.- Cuando abordamos la temática del decreto 1.953/09 y la presencia de dos dictámenes, lo que ha sido aclarado suficientemente por los señores diputados Conti, Landau y Pais, la naturaleza jurídica de la decisión que regula dicho decreto evidentemente tiene un componente de administración que responde a una atribución innegable del Poder Ejecutivo nacional.
Brevemente, querría ocuparme de la argumentación dada por seis miembros de la comisión para rechazar este decreto aduciendo que estamos en presencia de una legislación delegada.
La ley 26.122, todavía vigente, señala en su artículo 13 que la Comisión Bicameral en su dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y base de delegación.
Desde ese punto de vista lo aborda en dos aspectos: formal y sustancial. Según el aspecto formal concluye que el decreto delegado objeto de análisis reúne y cumplimenta, a su entender, los requisitos exigidos por la Constitución Nacional, a saber: la firma de la señora presidenta de la Nación, la firma de los señores ministros y la del señor jefe de Gabinete, y la publicación en el Boletín Oficial.
Si analizamos el tema desde el punto de vista sustancial debemos puntualizar algunos aspectos que, a nuestro modo de ver, no ameritan el camino del rechazo. Allí define que estamos en presencia de un decreto delegado, y en realidad la delegación se circunscribe a una vieja disposición de la ley complementaria de presupuesto 11.672 , que en su artículo 40 faculta al Poder Ejecutivo nacional a someter eventuales controversias con personas extranjeras a jueces de otras jurisdicciones.
Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos temas: el primero es que la prórroga de jurisdicción aparece como una delegación en el Poder Ejecutivo para siempre. El enfoque de la comisión en el sentido de que la delegación no existe ha sido rebatido suficientemente por el señor diputado Pais, ya que el argumento de los firmantes se centra en que la delegación no se adaptaba a las disposiciones del artículo 76 de la Constitución.
Creo que aquí se ha deslizado un error u omitido cuál es la historia de la famosa disposición transitoria y de su adaptación al artículo 76. Desde que se vencieron los cinco años que preveía la Constitución reformada en 1994 se sancionaron un conjunto de leyes. La primera fue la ley 25.148, que establecía una prórroga in totum de las disposiciones que quedaban autorizadas cuando se trataba de materias de administración o emergencia para que dicha delegación existiera. En este sentido, había un listado de las materias de administración, y en el inciso f) del artículo 2º se decía que la delegación era toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo relacionada con la administración del país.
Creer que no hay ley es omitir, ni más ni menos, la vigencia de la norma 26.519, que tiene a su cargo desentrañar esta madeja. Puedo dar una buena noticia al plenario: de las famosas mil ochocientas leyes nos quedan en approach –como se dice en el golf unas doscientas leyes vigentes, setenta y pico derogadas y más de mil con el objeto cumplido, de manera que el problema de la delegación se va achicando.
Veamos qué es lo que pasa. La prórroga de jurisdicción, que aparentemente es el argumento más fuerte, ha sido aquí impugnada –digamos así porque se tiene presente todo lo que fue el proceso del CIADI, de la inversión de los 90, pero en realidad lo que debemos tener presente es que dicha prórroga aparece como indispensable en estas negociaciones para tomar préstamo. Habría que ver si algún acreedor prefiere que lo juzgue el juez Thomas Griesa en Nueva York, que tiene tribunales por arriba, o bien la Cámara Federal de Mendoza, que vemos qué actuación ha tenido.
¿Qué es lo que advertimos? Que en este tipo de contrato –integra esta Cámara gente que lo sabe la prórroga de jurisdicción es una cuestión que hace a la esencia del contrato mismo. No me imagino las reservas argentinas puestas en Basilea con un contrato de depósito que constituya domicilio en la República Argentina. En realidad, lo que aquí advertimos es que esto aparece como la instrumentación de lo que dispuso el año pasado esta Cámara en la reapertura del canje, que requiere algún aspecto instrumental que precisamente está en este decreto. Hagamos la comparación: la reapertura del canje es el invento; este decreto es la tecnología, y es el único instrumento que va a posibilitar que en este trámite el gobierno nacional honre los compromisos de la patria. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
SR. VIALE, LISANDRO ALFREDO.- Señor presidente: el bloque del Partido Socialista quiere expresar brevemente su posición respecto de este tema. Sabemos que el gobierno ha formalizado el proceso de reestructuración de la deuda en default a través de los decretos que han sido mencionados aquí.
Particularmente en estos días se anunció el decreto 563 de 2010, entre cuyos precedentes incluye el decreto 1.953, que estamos considerando en este momento.
Esta reestructuración de la deuda se realiza mediante una operación de canje que se anuncia como una solución al enorme problema de la deuda externa argentina.
Creemos que una forma de abordar esta problemática es desde una visión estrictamente política. No podemos ignorar que cada uno de estos instrumentos legales y de estas medidas del gobierno contribuye a seguir legitimando una deuda monstruosa, injusta e impagable. Digo que es impagable porque ya ha sido pagada varias veces y sigue creciendo, porque suma intereses sobre intereses y porque además está plagada de irregularidades. Se trata de una deuda que el doctor Ballesteros que no es un dirigente político ni tampoco un propagandista, ni menos un militante, sino un juez argentino calificó de fraudulenta e ilegal en un fallo ejemplar. Esta sentencia no fue producto de la independencia ni de la investigación misma de la Justicia sino del tesón de un ciudadano a quien queremos rendir hoy homenaje, que fue el iniciador de la investigación de la deuda en 1982: el doctor Alejandro Olmos.
Este abordaje político inexcusable revela además la deuda que tiene este Congreso como bien se ha dicho aquí , porque aún no ha conformado una comisión bicameral que investigue la fraudulenta e ilegítima deuda, tal como también surgía de aquel fallo. Los socialistas seguimos insistiendo en esta necesidad y hemos presentado proyectos en este sentido.
El otro abordaje es el tema de la formalidad, que como dijimos en muchas ocasiones para nosotros no es una cuestión menor. Estamos convencidos de que en democracia las formas no son una opción sino que son el fondo.
El artículo 76 de la Constitución Nacional establece tres requisitos para habilitar la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Ellos son: que se trate de materias determinadas de administración o de emergencia pública, que tengan plazos fijados para su ejercicio y que sea dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Evidentemente, estos requisitos no se cumplen de manera íntegra en el decreto 1.953 que estamos tratando. Por esas razones y por otras mencionadas por los señores diputados preopinantes, como los diputados de Proyecto Sur, desde el bloque del Partido Socialista anticipamos el rechazo a este decreto.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: creo que desde el aspecto técnico y jurídico varios de los señores diputados del Frente para la Victoria dieron una explicación clara y concreta del procedimiento legal.
En pocas palabras quisiera recordar algunas cuestiones que tal vez ayuden a la toma de decisión en la votación del día de hoy. Al respecto, quiero decir claramente que no importa cuándo este tema ingresó a esta Cámara; sí importa respetarlo en su integralidad más allá del tiempo en el cual cada uno de los señores diputados hacen la jura respectiva.
Digo esto porque esta propia Cámara de Diputados aprobó, no sólo con los votos del Frente para la Victoria sino con los votos de otros bloques que hoy forman parte de la oposición, lo que era la reapertura de ley cerrojo, o sea la apertura del canje para los bonos en default.
También tenemos que recordar claramente algo que no he escuchado en el día de hoy: el año pasado esta Cámara votó una ley de presupuesto que incluía en tres de sus artículos las autorizaciones para llevar adelante este proceso de reestructuración de deuda. Me refiero a los artículos 49, 50 y 51.
Ya son dos normas votadas por esta Cámara, no solamente por el Frente para la Victoria sino también por otros bloques, autorizando este proceso.
Asimismo, recuerdo a los señores diputados que desde el año 2003 en cada uno de los presupuestos estuvo concretamente la autorización para los bonos en el tema de la deuda. Esto tiene que ver con una cuestión institucional, con una decisión, con una votación y con una aprobación que llevó adelante este Congreso de la Nación.
Ahora bien, hoy se está discutiendo el decreto 1.953, y este decreto hay que decirlo con todas las letras hace las veces de la cuestión instrumental en la operación de canje. Dice concretamente que pide la autorización a la SEC por 15 mil millones de dólares y además hace la prórroga de jurisdicción extranjera, cuestión que sucede en toda la reestructuración de deuda a nivel internacional.
Hace un rato un señor diputado me agregaba algo muy importante respecto del tema de la jurisdicción: si alguien conoce un solo caso de reestructuración de deuda internacional en el que no se dé este sistema de jurisdicción, le pedimos que por favor nos lo acerque, porque de ser así, estamos dispuestos a cambiar el dictamen respectivo.
Esto no lo estamos diciendo nosotros, señor presidente, sino que lo hemos escuchado en el día de hoy, concretamente...
SR. VEGA, JUAN CARLOS.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. VEGA, JUAN CARLOS.- Señor presidente: yo no voy a aportar ningún caso de prórroga de jurisdicción, como pide el señor diputado. Pero sí le voy a aportar el único caso de default de deuda soberana, el más grande del siglo XX, que ha sido el de la Argentina. Creo que de este modo le estoy contestando, porque si nuestro país ha tenido el default de deuda soberana más grande del siglo XX –el doble que el de la Rusia soviética-, es claro que en esta operación de salida de ese default nosotros podemos inaugurar una vía novedosa en el derecho internacional.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- No quiero entrar en un debate, señor presidente. Le agradezco mucho al señor diputado que haya dicho que no conoce ningún caso, que es lo que estábamos consultando.
Por otra parte, creo que todos nos tendríamos que hacer cargo del default de 2001, porque este es un tema que también tiene que ver con las responsabilidades, siguiendo en línea con la aclaración del señor diputado, que siempre se expresa con mucho respeto y con mucha seriedad.
También quiero agregar otra cuestión, señor presidente. Aclaro que no soy abogado, pero lo novedoso e interesante es que esos mismos bonos de 2001 tenían jurisdicción extranjera, el canje de 2005 tenía jurisdicción extranjera y no hay una alternativa de cambio de las situaciones con respecto al canje de 2005, ni siquiera en la cuestión de la jurisdicción.
Creo que el decreto es muy claro, y también lo es en el contexto instrumental del canje por los dos temas que mencioné antes de que el señor diputado Vega me solicitara la interrupción.
Además, señor presidente, en este caso tenemos que agregar un marco de responsabilidad. En este sentido, me queda cierto grado de tranquilidad al escuchar al presidente de un bloque opositor debatirse entre la cuestión instrumental y el respaldo al gobierno, con respecto a que finalizar esta operación de canje era importante para el país y para los argentinos, todo en una situación política que el propio diputado dijo que lo ponía en duda.
Quiero hacer un pedido a todos los bloques, sin antes mencionar una cuestión técnica que no es menor y que no quiero dejar pasar, que es que concretamente que en este decreto se están definiendo 15 mil millones de dólares. Quiero decir a todos los señores diputados que si en el día de hoy este decreto es rechazado, las autorizaciones que va a recibir el gobierno nacional van a ser de más de 15 mil millones de dólares, porque así legalmente está establecido y autorizado en el presupuesto nacional.
Además, estos 15 mil millones de dólares son parte de la respuesta que tenemos que dar con respecto a la información que necesita este Congreso.
Entonces, pido a todos los diputados de los distintos bloques que lo acompañen. Se está finalizando un proceso de canje que no tenemos dudas va a ser exitoso y va a iniciar el camino, o continuarlo, del desendeudamiento en la Argentina. Por ende, muy mal estaría que en el día de hoy demos esta señal política sobre una cuestión instrumental que va a terminar con el estado de default en la Argentina. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. HELLER, CARLOS SALOMON.- Señor presidente: escuchaba atentamente los discursos de los distintos señores diputados y siento que tengo que empezar mi intervención haciendo referencia a cosas que están pasando en el mundo en estas horas.
Hoy, en Grecia murieron tres trabajadores en una marcha de protesta contra los planes de ajuste que el Fondo Monetario Internacional, en acuerdo con la Comunidad Europea, quiere aplicar a ese país para resolver sus problemas de endeudamiento.
Se recurre a viejas recetas que nosotros no sólo conocemos sino que hemos padecido. Creo que tenemos que pensar seriamente y acordarnos también de nuestros muertos en aquellos tiempos del 2001 y 2002, en aquellos momentos de los ajustes, cuando en la Argentina, al igual que lo que está pasando hoy en Grecia, se quería resolver el problema haciendo pagar las consecuencias de las barbaridades que habían cometido los gobernantes a los trabajadores, a los sectores más débiles de la sociedad.
En Grecia, al igual que en la Argentina de 2001 y 2002, se plantea recortar los sueldos a los trabajadores del sector público y congelar por tres años los sueldos de los trabajadores del sector privado, medida que si uno no la piensa desde el punto de vista ideológico no podría alcanzar a comprender qué diablos tiene que ver con la cuestión fiscal.
Al igual que en la Argentina de 2001, en Grecia se suben los impuestos directos, los impuestos al consumo, pero nada se dice de los impuestos a las grandes ganancias de los sectores de la economía concentrada.
Grecia es sólo la punta de un iceberg mucho más grande, y el mundo hoy tiembla ante la perspectiva de que otros países de la región, como Portugal y España, sufran el contagio, esto se irradie y una crisis de proporciones impredecibles sacuda a Europa y se extienda por el mundo.
La Argentina ya vivió esa situación, y la vivió como consecuencia de aplicar políticas similares a estas que se están aplicando hoy en estos países europeos. Las medicinas que aquí se aplicaron fueron iguales a las que hoy se pretende aplicar en Europa.
Nosotros no podemos olvidar eso cuando estamos analizando el tema que nos ocupa, porque efectivamente la Argentina fue llevada a un proceso brutal, injusto y arbitrario de endeudamiento para favorecer los intereses de determinados sectores, que no son justamente los sectores populares.
Por eso, queremos decir que vamos a acompañar todas las iniciativas que se presenten en este Parlamento para constituir una comisión bicameral o una investigadora de esta Honorable Cámara que analice en profundidad y hasta sus últimas consecuencias los orígenes del endeudamiento público argentino y sus responsables. De este modo muchos Martínez de Hoz podrán estar en el lugar que les corresponde y así nunca más ejercerán cargos públicos ni estarán en los lugares a los que nunca debieron acceder, pero a los que igualmente llegaron, en muchos casos usurpando el poder y en otros a través de la voluntad popular.
La Argentina que entró en default no lo hizo por el acto de un gobernante que un buen día decidió declarar la cesación de pagos. Entró en default muchísimo antes, porque la llevaron a un proceso de endeudamiento que ahogaba, asfixiaba y tornaba imposible seguir cumpliendo con sus obligaciones que, por otra parte, fueron contraídas en condiciones leoninas.
Insisto con que el default –que se aplaudió en este recinto no fue producto de una decisión aislada de un gobierno determinado, sino la consecuencia de años de aplicación de determinadas políticas, que podríamos ubicar como referencia en el inicio de la dictadura y con un punto de máxima expresión en lo que pasó en los años 90.
Desde esa óptica debemos analizar el tema que hoy nos convoca, aunque tampoco lo podemos aislar de lo que ya se ha hecho. Recordemos que la Argentina puso en marcha un proceso para salir de esa situación que se inició con un paso fundamental, que fue el canje de 2005. Mediante ese canje se logró una fuerte punción de la deuda, pero quedó un remanente. Entonces, lo que hoy estamos discutiendo es nada más ni nada menos que la concreción de lo que no pudo lograrse con éxito en aquel momento; no se trata de otra cosa.
El éxito pleno del canje de 2005 hubiera implicado que el ciento por ciento de los bonistas aceptara la propuesta. Pero como el porcentaje de adhesión llegó al 80 por ciento, hoy la República Argentina está ofreciendo una segunda oportunidad para que el tema se resuelva en su totalidad.
Además, cabe señalar que el Parlamento ya autorizó al gobierno para llevar adelante esa acción. La ley 26.547 autorizó al Poder Ejecutivo a realizar todos los actos necesarios para concluir el proceso de títulos públicos elegibles que fueran materia de la reestructuración de la deuda pública efectuada en 2005, disponiéndose que los términos y condiciones financieras de la nueva operación no podían ser iguales o mejores que las ofrecidas a los acreedores a través del decreto 1.735/04. Esta es la forma en la que debemos analizar este tema.
Por otro lado, me permito hacer un llamado a la reflexión. Quizás estemos viviendo el inicio de una nueva gran crisis global. Quisiera darles sólo algunos datos: la Bolsa griega hoy volvió a caer en un 4 por ciento, cuando ayer ya lo había hecho en un 6,6 por ciento, todo esto en un contexto que ha derivado en protestas y muertes; por su parte, la Bolsa española cedió un 2,5 por ciento, luego de la caída de ayer de un 5,5 por ciento; en Portugal, ocurrió otro tanto.
Además, los países más grandes de Europa también están sufriendo las consecuencias, porque el euro se está desbarrancando frente al dólar. Todas esas no son cuestiones que no tengan nada que ver con nosotros. Creo que no podemos seguir analizando cosas en abstracto sin tener en cuenta el contexto en el que discutimos todas estas cuestiones.
Nos parece que no se puede volver atrás con este canje que ya está lanzado. Esto podría generar a la Nación Argentina –no al gobierno y consecuentemente a su pueblo, sus ciudadanos, un daño enorme que podemos contribuir no sé si a evitar pero seguramente a mitigar si permitimos que se siga avanzando en un proceso que a mi juicio es positivo para los intereses de la Nación.
La Argentina de 2005 tenía una deuda pública que alcanzaba un nivel del 140 por ciento de su PBI, y hoy tiene un proceso de endeudamiento que se ubica en un rango de algo más del 40 por ciento de su PBI. Esto es producto de la combinación virtuosa de un crecimiento sostenido del producto junto con una disminución de los valores nominales de la deuda como consecuencia de las reducciones generadas en el canje.
Cabe acotar que en la actual oferta realizada a los bonistas sólo se les reconocen los intereses transcurridos a las tasas anteriores al megacanje, operación que en aquel momento derivó en altísimas tasas para la Nación, notablemente gravosas, y también en elevadísimas comisiones pagadas a los bancos encargados de la organización.
El no reconocimiento de esos altos intereses más la decisión de no actualizarlos en la oferta que ya está en marcha implican una fuerte punción a los tenedores de esa deuda, hecho que no puede desconocerse en el marco del análisis que estamos realizando.
Si hubo vicios –seguro que los hubo gran parte de ellos está siendo salvada con la punción que tienen esos títulos por el fuerte descuento que significa una quita de más del 60 por ciento sobre el valor nominal y una drástica reducción sobre el cálculo de los intereses.
Se han realizado comparaciones con otras situaciones. Esta refinanciación y esta quita son las más grandes que el sistema financiero internacional reconoce en los tiempos modernos.
Por ejemplo, hemos escuchado hablar del caso de Ecuador, que canjeó el 91 por ciento de la deuda representada en un bono, el Global 2015, que vence en 2012 y 2030, por 3.375 millones de dólares.
El 67,5 por ciento de la deuda de Ecuador corresponde a organismos internacionales, incluido el Club de París, a gobiernos de otros países, y el resto de los bonos son deudas con bancos.
Además, Ecuador no incluyó en la refinanciación los bonos Global 2015 y los Brady, que no fueron reestructurados.
Por la porción que Ecuador renegoció, la quita efectuada a la deuda es similar a la realizada a la deuda argentina en el canje de 2005. La única diferencia es que mientras Ecuador llevó al canje 3.375 millones de dólares, la Argentina ofreció 102.566 millones de dólares.
SR. SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?
SR. HELLER, CARLOS SALOMON.- Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. SOLANAS, FERNANDO EZEQUIEL.- Señor presidente: quiero hacer una pequeña aclaración porque se ha hablado mucho de la mayor quita de deuda de estos años, mencionando cifras del 70 y hasta el 80 por ciento, si mal no escuché.
Considero que hay un manejo de números que crea confusión en una opinión pública que no está al tanto de los números reales. En el canje de deuda de 2005, la deuda ascendía a 191 mil millones de dólares. La deuda privada a 82 mil millones de dólares. El canje fue sobre la deuda privada: 20 mil millones de los holdouts quedaron afuera. No quisieron entrar. La quita fue sobre los 62 mil millones de dólares restantes y fueron canjeados por 35 mil millones.
consecuencia, la reducción real fue de 27 mil millones de dólares que, sobre el total de los 191 mil millones de dólares del conjunto de la deuda pública, significa no el 70 ni el 60 ni el 80 por ciento sino el 15 por ciento.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. HELLER, CARLOS SALOMON.- Señor presidente: gustosamente quiero decirle al diputado Solanas que, si él lo desea, podemos juntarnos y chequear estos datos para que después tal vez podamos ofrecer una información conjunta a este Parlamento.
Modestamente, creo que él no tiene en cuenta los intereses de la deuda en los números que maneja. Por eso, teniendo en cuenta que había acumulación de años de intereses no pagados, la Argentina ofreció capital más intereses al canje voluntario por 102.566 millones de dólares.
Esa deuda tenía una quita de valor nominal superior al 63 por ciento. Es decir que el tenedor de un bono de 100 dólares recibía uno de 32 o 33 dólares de valor nominal. A partir de ahí, además, se obtenía un plazo de una enorme cantidad de años para una deuda que estaba totalmente vencida y era exigible. Se pactaban hacia adelante tasas de interés significativamente menores a las de la deuda anterior que era brutal, leonina, arbitraria, injusta, ilegal y todas las demás otras cosas que se nos puedan ocurrir.
Por eso, nosotros insistimos en que no estamos para nada en desacuerdo con que se investigue, porque creemos que vamos a encontrar muchos nombres y apellidos famosos que tienen responsabilidades concretas y que hoy siguen dando consejos, bajando línea, golpeándose el pecho y diciendo lo que hay que hacer, pero tienen enorme responsabilidad frente a esta situación que hoy estamos analizando para ver cómo salimos de ella y no podemos dejar de tener en cuenta quién nos puso en esa situación.
Seguramente, con el diputado Solanas y muchos otros podremos ponernos de acuerdo a la hora de discutir en profundidad quiénes son los responsables y dónde tendrían que estar.
Estamos transitando por una situación concreta en un mundo concreto, y no para ayudar al gobierno sino para no someter al pueblo argentino a nuevas vicisitudes. Creemos que hoy sería una insensatez generar un problema en un momento en el que los mercados internacionales están convulsionados y en el que nosotros estamos transitando un camino de salida de un default que ya lleva muchísimos años. Esto nos imposibilita conseguir financiamiento a tasas accesibles.
Al mismo tiempo, un empresario argentino, una pyme argentina, están imposibilitados de obtener financiación para poder exportar o para comprar una máquina o insumos que necesiten para su producción. Todo esto está castigado por ese default, pero seguramente los culpables no son quienes están sufriendo las consecuencias.
Por eso, señor presidente, por todas estas consideraciones, nuestro bloque adelanta que va a acompañar el dictamen número I, proponiendo tomar conocimiento del decreto.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
SR. LOPEZ ARIAS, MARCELO EDUARDO.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
Hemos discutido en el seno del bloque peronista cuál es la posición a tomar sobre este tema, que realmente es muy delicado. Estamos enfrentando una situación grave y no tenemos unidad de criterio al respecto.
Existen opiniones encontradas: dentro de nuestro bloque va a haber compañeros que van a votar a favor de la ratificación del decreto. Otros van a votar en contra. Yo voy a fundar las razones por las cuales voy a solicitar autorización para abstenerme, justamente por la división de criterios que tenemos en este momento.
La situación es grave y complicada. La verdad que me enoja que nos tengamos que encontrar en este tipo de circunstancias.
He sido uno de los diputados que el año pasado voté la ley 26.547. Lo hice a conciencia, convencido de que era lo mejor que podíamos hacer para el país, con el fin de reinsertarnos en el mundo y arreglar la situación de deuda que teníamos pendiente. Esto nos iba a dar inmensas posibilidades en un momento en el que el mundo estaba jugando a favor de la Argentina –creo que lo sigue haciendo ahora , por lo que era un buen aporte resolver todas estas cuentas pendientes para insertarnos, aprovechar el viento a favor y seguir creciendo.
Lo hice con entusiasmo; no me agarró nadie de sorpresa. Voté convencido de que efectivamente estaba haciendo un aporte para el futuro del país.
¿Pero qué ha ocurrido? Después de votar la ley nos encontramos con una situación como la de hoy, absolutamente carente de información. Es la verdad. El Congreso debió haber tenido un papel protagónico en una renegociación de la deuda como corresponde. Sin embargo, hemos sido convidados de piedra, carentes de información.
Ni siquiera han tenido la delicadeza de venir a cumplir con algo que la ley les imponía: informarnos sobre el curso de la deuda. Se han reprogramado deudas, se han hecho planes y presentaciones en el mundo, de lo que estamos totalmente ajenos. Y deberíamos ser la parte central y constituir el eje de esta discusión.
Escuchaba con atención las exposiciones de los señores diputados Lozano, Solanas y Bonasso que nos generaron un clima que nos llevó a pensar para qué estamos utilizando este instrumento que creíamos bueno. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que se nos oculte tanta información?
No quiero votar en contra de una renegociación que puede dar nuevas posibilidades a la Argentina si logramos anular este tema del canje de deuda. Pero tampoco puedo votar con esta situación de falta de información, cuando existe un clima de sospecha que realmente nos lleva a no saber qué estamos votando.
Como no tenemos unidad de criterio en el bloque que presido, voy a solicitar autorización para abstenerme, aunque no me gusta hacerlo. Siempre me gustó acompañar posiciones con mi voto, pero ahora no puedo, ya que no están dadas las condiciones para expedirme en un sentido o en el otro.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SR. DE PRAT GAY, ALFONSO.- Señor presidente: entiendo que lo que estamos discutiendo hoy es el decreto 1.953. Pero como ha habido un contrapunto entre diputados preopinantes acerca del supuesto éxito del canje de 2005 –cuyo segundo capítulo vendría a ser la propuesta de canje que en estos momentos está siendo evaluada por los inversores , no puedo dejar de efectuar una reflexión para sentar una paradoja.
Si fueran ciertos los números del gobierno que dice que en 2005 propuso un canje por 102 mil millones de dólares a cambio de nuevos bonos por 35 mil millones de dólares –son los números que se han dado y los que posibilitan al gobierno decir que existió una quita del 67 por ciento , entonces la paradoja es que ya no habría más bonos por canjear porque en los números oficiales del gobierno cuando se hace la operación de 102 mil millones menos 35 mil millones, se sacan de la película los bonos que ahora sí quiere canjear.
La primera paradoja consiste en que se mintió entonces o se está haciendo algo ridículo en estos momentos, porque estamos yendo a un segundo canje. Creo que en algún momento deberíamos tener ese debate respecto del canje del año 2005, pero por razones de tiempo voy a centrarme en la cuestión pendiente del segundo canje.
Tenemos que hablar de una cronología ya algunos señores diputados preopinantes se refirieron a esa cuestión que empieza con la ley 26.017, denominada “ley cerrojo”, que prohibía al gobierno nacional la reapertura del canje.
Como ya mencionó el señor diputado Marconato, en la ley 26.549, de presupuesto de 2010 y en otras leyes de presupuesto, y en ésta de manera más explícita , se autoriza al gobierno a empezar a renegociar aquella deuda que dijeron que había tenido una quita del ciento por ciento y ahora quieren volver a canjear por 20 mil millones de dólares, según su artículo 51.
Ese mismo día como bien mencionó el señor diputado Heller con la ley 26.547 del 18 de noviembre del año pasado se suspendió transitoriamente la vigencia de la “ley cerrojo”. En su artículo 2° se estableció que podían realizarse todos los actos necesarios, como ya se ha señalado.
El 9 de diciembre aparece este decreto delegado 1.953/09, es decir, un día antes de que terminaran las sesiones ordinarias. Se trata de un decreto que se refería estrictamente –como bien dijo el señor diputado Marconato- a cuestiones operativas y administrativas. Tampoco son cuestiones novedosas –como se ha señalado las que están en discusión en el artículo 3° de ese decreto. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es por qué no se plantearon al momento de discutir la suspensión de la “ley cerrojo”.
Si éstas eran cuestiones operativas y absolutamente estándar, ¿por qué no fueron blanqueadas al momento de la discusión en el Congreso, en lugar de estar atravesando en estos momentos por este debate que a muchos les resulta incómodo?
Sin embargo, me sorprende que en toda esta discusión no se haya hecho referencia, por lo menos hasta ahora, a un decreto delegado más reciente: el 563/10 del 26 de abril. A mi entender, el decreto 563/10 es abarcativo del 1.953/09, y tiene plena vigencia porque todavía no ha sido tratado por la Comisión Bicameral. Allí se establecen una cantidad de cuestiones, entre ellas, la facultad de emitir bonos con los cuales se canjeará la deuda, que primero se dijo que había tenido una quita del ciento por ciento y ahora que es necesario volver a canjear para estar de buen humor con el resto del mundo.
Cuando uno mira los anexos del decreto 563/10 que reitero no ha llegado a la Cámara pero es más abarcativo que el 1.953/09, y tiene vigencia plena advierte que se establece con mucha precisión cuál es el tope máximo de bonos que van a emitirse y cuáles son las condiciones y las cláusulas bajo las cuales dichos títulos se emiten.
Es decir que ya hay un instrumento que permite al gobierno nacional ir adelante con el canje en los términos en que así lo desee. De hecho, este instrumento en materia de emisión de bonos es curiosamente más restrictivo. Así como el decreto 1.953/09 habla de 15 mil millones –que le preocupan al señor diputado Marconato , el 563/10 establece los cupos de los distintos bonos. Si hacemos la suma de todos esos montos –como bien dijo el señor diputado Lozano estamos bien por debajo de los 15 mil millones, aun en el supuesto caso de que la aceptación fuese del ciento por ciento, lo cual seguramente no sucederá.
Por lo tanto, lo primero que quiero decir es que no se hace referencia a otro decreto delegado, el 563/10, que establece los detalles de manera más abarcativa para que el gobierno pueda ir adelante con el canje.
Más allá de las cuestiones jurídicas que ya han sido planteadas con muchísima claridad por otros miembros de mi bloque que ya han hecho uso de la palabra, la pregunta que tengo para formular en línea con lo señalado por otros legisladores como Solá y Amadeo, es por qué se esconde la información, o –lo que es peor por qué se deja fuera del Congreso y no discutimos las cuestiones básicas en el momento en que las tenemos que discutir.
Hago una breve referencia al artículo 6º de la ley 26.547, que es la que suspendió temporariamente la ley cerrojo. En ese artículo se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación deberá informar trimestralmente a esta Honorable Cámara de Diputados acerca de los avances en la negociación de la deuda. Si mis números no me fallan, la semana que viene se habrán cumplido seis meses de la aprobación de esta ley y la suspensión de la ley cerrojo, vale decir que el ministro de Economía ya tendría que haber venido dos veces a explicarnos el avance de la negociación.
Por lo tanto, es aún más grave que lo que dice el señor diputado Amadeo. No es que estamos opinando y decidiendo ex post sin información, sino que durante el proceso se nos oculta información. Esto es lo que queremos cambiar.
En tercer lugar, creo que del modo en que está encaminada esta negociación vamos a cometer el mismo error del año 2005, cuando se otorgó a los bonistas una serie de premios, algunos implícitos y otros explícitos, que ellos ni siquiera valoraban ni querían, como el cupón del PBI, con la paradoja adicional de que al momento en que se perfeccione este canje el gobierno va a tener que explicar cómo una deuda que había considerado inexistente por la quita de 2005 ahora pasa a integrar los números oficiales.
Nuestro bloque desde luego está a favor de una auditoría completa de la deuda externa e interna, es decir, de toda la deuda pública. No podríamos estar más de acuerdo con algunos de los argumentos esgrimidos por el señor diputado Solanas en ese sentido ya que son exactamente los mismos que se utilizaron en 2001 en la investigación de la señora diputada Carrió en la comisión de lavado de dinero. Son exactamente los mismos argumentos, y creo que de la discusión de hoy surge con mucha claridad que buena parte de esta Cámara está dispuesta a ir adelante en una investigación que nos debemos.
Los integrantes de nuestro bloque no estamos en contra de la normalización de las relaciones con los acreedores locales e internacionales. Es más: yo personalmente estoy en desacuerdo con la idea de que desendeudarse sea una política progresista. Desendeudarse ha sido una obligación del gobierno porque no tiene acceso al crédito, y ese desendeudamiento lo hace ya sea a partir de mayores impuestos, de menores gastos o bien de ahorros que no le pertenecen pero que se los lleva por delante, como puede ser el caso de la ANSES y el del Banco Central.
Desendeudarse –esto lo he dicho la otra vez y lo repito con el subprime de la ANSES es pagar a los bonistas extranjeros a expensas de los jubilados locales. En tanto y en cuanto normalicemos nuestras relaciones con el exterior podremos evitar esta política de desendeudamiento y empezar a tener una política de menos ajuste y más progresista.
Finalmente, en lo que respecta al decreto 1.953 la posición de este bloque es rechazarlo en el entendimiento de que es un eslabón más en una cadena de procedimientos del gobierno nacional, en los que no solamente se ha intentado ocultar la información sino que además se ha violado en algunos casos flagrantemente la ley por la no comparecencia del ministro de Economía a explicar estas cuestiones.
Debo aclarar que el ministro de Economía vino a una reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, reunión que nos costó conseguir pero que finalmente pudimos llevar a cabo de manera conjunta.
Fueron muchas las preguntas que le hicimos al ministro en esa oportunidad, pero él no contestó amparándose en que había un secreto con la Comisión de Valores de Estados Unidos.
Vale decir que en materia de acceso a la información dio preeminencia a la Comisión de Valores de Estados Unidos y no al Congreso de la Nación, que era el que le otorgaba autorización para actuar. Y permítame aclarar también, señor presidente, que fue en esa reunión de comisión donde el bloque de la Coalición Cívica le preguntó concretamente al ministro de Economía acerca de Arcadia. Tengo entendido que esa fue la primera vez que se planteó esta cuestión directamente en la esfera pública y de más está decir que no hubo ninguna respuesta en esa dirección.
Por lo tanto, lo que entendemos nosotros es que el decreto 563 es absolutamente abarcativo del 1.953, y no está en riesgo el canje de deuda. Sí creemos que este canje de deuda no tiene que ser tan generoso como el anterior. También creemos que todo el procedimiento a los fines de este segundo canje de deuda está viciado por lo menos y como mínimo de falta de información al ente que es responsable constitucionalmente por la negociación de la deuda y por lo tanto, como dije antes rechazamos este decreto.
Estamos a favor de cualquier iniciativa que a partir de ahora investigue a fondo la puesta en vigencia de la deuda pero creemos que cuanto antes hay que avanzar con estas cuestiones.
En tanto y en cuanto la Argentina normalice su situación con el resto del mundo vamos a poder acceder al mercado a tasas bajas para renovar los vencimientos y para no estar cobrando más impuestos, pagando menos jubilaciones o tomando más ahorros de donde no hay para pagar una deuda que ha sido suficientemente pesada para todos los argentinos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. FORTUNA, FRANCISCO JOSE.- Señor presidente: nos encontramos de nuevo con este decreto 1.953 que indudablemente fue sancionado en el mes de diciembre y lo estamos considerando ahora, es decir, cuatro meses después.
No hemos notado que en estos temas haya habido cambios en la conducta del gobierno nacional respecto de este Parlamento. Es más: tampoco hemos notado que haya habido algún avance en la voluntad política del gobierno nacional de pensar en la necesidad que tienen las provincias argentinas de poder contar con fondos para poder enfrentar las responsabilidades que tienen en el ejercicio pleno de sus funciones.
Particularmente, lo venimos notando en nuestra provincia. Lo debo decir aquí, porque tenemos cuestiones pendientes con el Estado nacional que tienen que ver con la obra pública, también con financiamientos prometidos que en definitiva no se cumplen, con acuerdos que se hicieron y que tampoco terminan de saldarse.
Pero es cierto que aquí a nosotros se nos presenta una contradicción, que han mencionado legisladores que me han precedido en el uso de la palabra, como es el caso de los representantes del PRO o de algunos otros señores diputados que se expresaron en el mismo sentido.
Debo decir que efectivamente se presenta como siempre la disyuntiva de estar pensando en los intereses de la Nación, en contraposición con las metodologías que usa el gobierno nacional para relacionarse con este Parlamento y con los gobiernos provinciales. En verdad nos gustaría poder estar discutiendo otros temas, que tienen que ver efectivamente con la solución de estos inconvenientes que tenemos en la Nación y en las provincias.
Nos gustaría realmente ir al carozo de la cuestión y terminar de resolver el tema de qué va a suceder con las reservas del Banco Central en lo que se refiere a la necesidad de sancionar una ley y también analizar, en ese debate –que debe ser claro y profundo- qué va a pasar con el financiamiento de las provincias argentinas.
En ese sentido, nosotros hemos avanzado en la presentación de varios proyectos de ley, que esperamos sean tratados. Aprovecho esta oportunidad, señor presidente, para pedirle por su intermedio al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que en ese ámbito se le dé tratamiento a esos proyectos.
Me refiero centralmente a esta comisión teniendo en cuenta lo que ha pasado, ya que se intentó comenzar con una discusión pero hace varias semanas que no se volvió a tocar el tema. Esto ocurre porque el Parlamento no funciona adecuadamente y tampoco lo hacen las comisiones.
Creemos que para salir de esta situación es necesario enfrentar la cuestión de fondo de una vez por todas y discutir abiertamente los problemas de la Nación y de las provincias. Pero para ello necesitamos información. Por eso, nos hubiera gustado que el señor ministro de Economía y Finanzas hubiese venido a explicarnos de qué se trata el decreto 1.953, qué está pasando con el canje y con los intereses de las provincias y qué vamos a tener que ver nosotros en el futuro con esta necesidad.
Pregunto esto porque nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar el financiamiento en nuestras provincias, ya que tenemos recortados los recursos porque la Nación se queda con el 70 por ciento del presupuesto. Realmente, las provincias argentinas están con dificultades porque hay una distribución inequitativa y una indiferencia total respecto de la necesidad de financiamiento de las deudas provinciales.
Sobre la base de argumentos similares a los que han fijado diputados de otros bloques, en el sentido de que necesitamos más definiciones porque nos quedan dudas respecto de lo que significa este decreto 1.953; y teniendo en cuenta la incidencia que presenta en un proceso en el que se ha ido dando un canje que hoy tiene vigencia y que nosotros conocemos por los medios porque no tuvimos la suerte de que nos expliquen de qué se trata, vamos a hacer el siguiente planteo.
Concretamente, señalamos la necesidad de que venga el señor ministro de Economía y Finanzas a explicarnos de qué se trata este tema del canje, de qué se trata este tema del desendeudamiento, cómo está actualmente y qué va a pasar en el futuro con los recursos de la Nación respecto de las provincias argentinas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito autorización para que el bloque Córdoba Federal se pueda abstener en la votación porque no nos queda claro este tema. Esta es la decisión que hemos tomado con la señora diputada Estela Garnero.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. AGUAD, OSCAR RAUL.- Señor presidente: esta extensa deliberación sobre este decreto, que no estaba prevista, obliga al radicalismo a hacer un par de reflexiones. Trataré de no extenderme.
En primer lugar, tiene razón el señor diputado Heller cuando dice que la situación global es complicada y de extremo cuidado. Pero esta situación complicada y de extrema gravedad de la economía mundial no se enfrenta sola. Si el gobierno permanece aislado como lo ha hecho hasta ahora, sin recurrir a todas las fuerzas políticas y al consenso nacional, difícilmente la Argentina pueda hacer frente a una situación tan compleja y delicada como ésta. Para colmo de males, se está revalorizando el dólar frente al euro, lo que traerá problemas con el precio de las commodities.
El radicalismo está a favor de la regularización de la deuda externa. Si el canje lo logra, el radicalismo no se opondrá. Sí nos oponemos a la falta de información, que genera graves sospechas.
Este es un defecto del gobierno: en todas las materias falta información, lo que genera sospechas. El desendeudamiento, surgido a partir de un decreto de necesidad y urgencia, es una manera de eludir al Congreso para que no tenga información.
Si descubrimos una relación paralela con Venezuela, estamos frente a otro mecanismo para eludir los controles. Este es uno de los problemas centrales, pero no nos oponemos al desendeudamiento. Si hay transparencia, colaboraremos para que el proceso de canje se lleve adelante.
El gobierno dijo que necesitaba hacer uso de las reservas en forma excepcional para lograr la baja de la tasa de interés. El gobierno ya echó mano a más de 1.200 millones de dólares de las reservas, y las tasas de interés no han bajado, lo que genera preocupación.
La segunda cuestión se refiere a que nos resistimos a considerar que los problemas económicos de la Argentina empezaron en 2007, ya que ese año es consecuencia de los anteriores.
Lo hemos advertido todos los años cuando se discutió el presupuesto en la Cámara. El comercio exterior desde 2003 a 2009 mostró un resultado positivo de 87 mil millones de dólares. Sin embargo, en el Banco Central sólo hay 40 mil millones. La pregunta es dónde está el resto de la plata. La fuga de capitales, obviamente, interfiere en el proceso de desarrollo de la Argentina.
El endeudamiento no es malo ni bueno por sí solo, ya que todo depende de su finalidad. Su virtud o perversidad se definen por el objetivo que persigue. La Argentina es un país que presenta un 30 por ciento de pobreza. Doce millones de compatriotas son pobres, y la pobreza es el antónimo de la riqueza.
Si la deuda se utiliza para generar riqueza, ¡bienvenida sea! Si la deuda se usara para arraigar pobreza, significaría una enorme perversidad. En este país sucesivamente han ocurrido dos situaciones con la deuda. Los populistas y los demagogos la usan para arraigar la pobreza, mientras que los liberales, a la perversidad y desbarajuste presupuestario le agregan el ajuste, que también deja gente en el camino.
Ni una cosa ni la otra: la Argentina necesita un proyecto nacional de desarrollo, que podría generarse con riquezas propias, con inversiones domésticas y extranjeras y con endeudamiento, pero todo debería tener como objetivo generar riqueza para que ello termine con la pobreza.
Ahora, me voy a referir al decreto. Efectuado el trámite que indica la ley 26.122, de control de decretos delegados, la Comisión Bicameral Permanente emitió dos dictámenes que se encuentran a consideración de esta Cámara.
Uno toma conocimiento del decreto, con lo que parece entender que la Cámara no debiera pronunciarse, y no cumple de esa manera con la exigencia de la ley; y el otro, suscripto por la oposición, rechaza el decreto por falta de adecuación al artículo 76 de la Constitución Nacional específicamente por carecer de plazos.
Desde que se suscribieron esos dictámenes el Ministerio de Economía se presentó ante la SEC en Estados Unidos y registró el programa. La SEC formuló observaciones, éstas fueron corregidas, se aprobó el programa y comenzó el canje.
La encomienda del decreto 1.953 se cumplió entonces íntegra y absolutamente. Su objeto se encuentra totalmente agotado, y esta Cámara debe rechazarlo por devenir abstracto el pronunciamiento acerca de la validez de ese decreto.
La semana pasada la presidenta ha dictado el decreto 563, también en ejercicio de las facultades delegadas ahora por la ley 26.547, que autorizó todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de la deuda y que dispone la emisión de bonos internacionales que se ofrecieron en el canje con la inclusión de la cláusula de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York. Es decir que dicha inclusión tendrá como base legal a este decreto y no al que hoy estamos tratando.
Este nuevo decreto, el 563 del 26 de abril, debe ser sometido al control de la Comisión Bicameral Permanente de la ley 26.122, la que tendrá que expedirse al respecto, pero nosotros no podemos hacerlo hasta que esta comisión no se pronuncie o se venzan los plazos para hacerlo.
Por estas razones, el bloque de la Unión Cívica Radical entiende que este decreto que estamos tratando deviene en abstracto y lo vamos a rechazar. De esta manera va a votar este bloque. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR.- Señor presidente: quiero ser absolutamente sincero. Esperábamos participar de una sesión con un clima distinto. Habíamos entendido –quizás entendimos mal, y esto lo digo no por echar ninguna culpa ni nada por el estilo, porque así se los informé a los compañeros diputados de nuestro bloque , que el tratamiento de este tema iba a tener otro matiz, otro cariz y que íbamos a encontrar un mayor número de bloques acompañándonos en el dictamen de mayoría.
Quizás no entendimos bien, quizás no nos explicaron bien cómo era la cuestión. Quiero decir respetuosamente a todos los bloques integrantes de esta Cámara que nosotros somos el bloque del oficialismo y yo soy su presidente. No soy el presidente del Boching Club de Rosario, con todo respeto por tan prestigiosa institución.
Nosotros tenemos una lógica en la toma de decisiones, y ésta siempre tiene que ver con nuestras consultas y con nuestra pertenencia al oficialismo nacional. Cuando acordamos, acordamos, y cuando no acordamos lo decimos con absoluta claridad, pero todo el proceso no es uno que a nosotros nos resulte lineal. Tiene otras aristas que las del resto de los bloques que no son del oficialismo.
Habíamos entendido otra cosa. Digo esto porque nos encontramos con una sesión en la que lo que habíamos entendido ya no aparecía y, para colmo, los primeros discursos fueron de agresión. Sinceramente, no llegamos a comprender a qué se debe esa forma de actuar.
Algunas de las agresiones que hoy escuchamos ya las hemos sufrido en otras sesiones. Lo cierto es que siempre nos descalifican y nos agravian introduciendo en el medio del debate cuestiones que no guardan relación con el decreto en análisis. Si bien desde el oficialismo ya estamos acostumbrados a esas descalificaciones, la verdad es que pensábamos que habíamos logrado dar un paso adelante.
Cuando estatizamos las AFJP dijeron que queríamos robarles la plata a los jubilados; cuando implementamos el blanqueo dijeron que nos habíamos aliado a los narcotraficantes. Este es el tipo de descalificaciones que nos hacen en este recinto.
Lamentablemente, a poco de iniciada la sesión nos dimos cuenta de que lo que se había dado en el día de ayer hoy ya había desaparecido, porque el eje del debate en esta Cámara de Diputados volvió a ser oficialismo u oposición.
Tan así es que los bloques que están por el rechazo del decreto 1.953 confluyen en esa posición desde tres posturas diametralmente opuestas. Por un lado, tenemos al bloque del diputado Pino Solanas, que plantea el rechazo del canje de la deuda; luego tenemos el bloque del Peronismo Federal, que plantea sus objeciones en la de falta de información y en algún tipo de destrato, tal como lo indicó su presidente; por último, también confluye en esa posición el bloque de la Unión Cívica Radical, que sostiene que el tema deviene en abstracto y que por eso lo rechaza.
La lectura política real que debemos hacer es qué va a suceder en el día de mañana. Digo esto porque sólo se va a decir que la Cámara de Diputados rechazó un instrumento del canje de la deuda, canje que previamente había sido autorizado por ley de este Congreso de la Nación. ¿En qué momento ocurre todo esto? En medio del proceso de canje de deuda. Han elegido el momento más oportuno, que es cuando el gobierno está llevando adelante el proceso de canje.
Más allá de eso, quiero destacar que este es un canje que todos aventuran exitoso, porque están convencidos de que nos permitirá sacar definitivamente a la Argentina del default. Como dije en otras oportunidades, esa fue una decisión que influyó a lo largo de toda una década; hace diez años que la Argentina está en default, y 2010 puede ser el año en el que nuestro país salga definitivamente de esa situación.
Recordemos que el Congreso de la Nación aprobó una norma que abrió la ley cerrojo para permitir el canje de deuda a partir del corriente año. Sin embargo, hoy esta Cámara va a tomar una decisión que va en sentido contrario de los instrumentos que está utilizando el gobierno para llevar adelante el canje.
Estamos hablando de un instrumento que no es nuevo, porque el gobierno ya lo utilizó en 2005, cuando el ministro de Economía no era el actual. Estamos hablando de una persona que fue candidato a presidente en 2007 por la lista de una de las fuerzas opositoras, que hoy asesora a otro dirigente opositor, al que seguramente debe sugerir la necesidad de reivindicar aquel canje del año 2005.
Lo cierto es que no supimos, no quisimos o no pudimos –me incluyo salir de la lógica oficialismo-oposición. Simplemente, se buscó el número de votos necesarios para conseguir en esta Cámara de Diputados el rechazo de un dictamen que ni siquiera plantea la aprobación del decreto 1.953. Por los motivos que expresó con muchísima claridad y contundencia la diputada Conti, el oficialismo entendió que este Congreso de la Nación sólo debía tomar conocimiento de ese decreto.
Era bastante fácil encontrar una alternativa para que este proceso de canje de la deuda, que será beneficioso para la economía de nuestro país y para el conjunto de los argentinos, siga siendo consolidado o apoyado por una decisión de la Cámara de Diputados en la presente sesión.
Reitero que no es un instrumento nuevo. Sin embargo, se repitieron algunos discursos que ya escuchamos con el canje de la deuda y cuando se derogó el decreto de creación del Fondo del Bicentenario.
Si no me equivoco este decreto delegado también fue tratado el mismo día en que la Comisión Bicameral debatió el decreto de creación del Fondo del Bicentenario, pero en ningún momento pidieron su consideración.
Les podrá gustar o no el estilo de los informes del ministro de Economía y Finanzas Públicas, pero nadie puede pensar que va a venir al Congreso de la Nación a admitir las críticas de la oposición. El ministro expresa lo que el gobierno y el oficialismo piensan que hay que llevar adelante en cada una de las coyunturas políticas de la marcha de la economía de nuestro país.
Entre sus visitas a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de las Cámaras de Diputados y de Senadores y a la Comisión Bicameral, el ministro asistió en cinco ocasiones al Congreso de la Nación. Le pregunté al diputado Marconato cuántas preguntas se formularon en relación con el canje de la deuda cuando el ministro estuvo en la reunión conjunta de las comisiones y lo cierto es que no abundaron. Creo que el diputado Vega hizo una pregunta sobre una cuestión que siempre plantea, la jurisdicción, pero nadie se refirió al decreto 1.953; no se preguntó por qué se había dictado ni se sugirió que debía procederse de otro modo.
Cuando expresamos que otras administraciones provinciales y otras administraciones del Estado argentino han adoptado el cambio de jurisdicción no fue al efecto de criticar lo que hicieron en ese momento sino sólo para decir que todos los canjes de deuda llevaron adelante prórrogas de jurisdicción. Es absolutamente lógico llevar adelante la prórroga de jurisdicción. Es cierto que se puede innovar y pensar en alguna otra cosa, pero la lógica de todas las administraciones públicas provinciales y del Estado nacional que llevaron adelante canjes de deuda, que emitieron deuda, ha sido la prórroga de jurisdicción.
No se termina de entender qué es lo que se está debatiendo. Nosotros no tenemos ningún problema en relación con la discusión sobre la validez de la deuda: armemos una comisión bicameral, investiguemos y demás. Pero no nos podemos excusar siempre diciendo que la deuda es ilegítima para no opinar de lo que sucede todos los días y no decir qué hacemos con la deuda de mañana o cómo procedemos para que la Argentina salga del default. No se pueden escudar siempre en un tema; alguna vez hay que decir cómo se sale del default y cuáles son los instrumentos para lograrlo.
Considero que sobre esto hay que dar un debate más sustancial y rico. De no ser así, habría que decir: “Yo quiero ser presidente de la República. Advierto a todos que cuando sea presidente lo primero que haré será dejar de pagar la deuda, y todo el esfuerzo que hizo la Argentina durante diez años para salir del default lo revertiré porque dejaré de pagar para investigar la deuda”.
No existe; esa es la verdad, y nosotros tenemos la responsabilidad de decir que esa opción no existe. Se puede investigar, se pueden sacar conclusiones políticas, se pueden sacar conclusiones judiciales, pero escudarse permanentemente en un discurso que te pone a la izquierda de la izquierda para no decir absolutamente nada en cuanto a qué hacemos con la coyuntura de hoy me parece no digo poco serio pero sí poco sustantivo.
En algún momento hay que decir las cosas para ver cómo uno quiere que avancen las cuestiones en la Argentina. Este es un instrumento para el canje de la deuda. Es como haber autorizado al Estado nacional a hacer una casa, pero cuando dice: “Bueno, vamos a comprar los materiales”, se le responde: “No. Eso no lo puede hacer. Los materiales, no. Te autoricé a hacer la casa, pero los materiales no los podés comprar”. “¿Y cómo hago la casa sin materiales?”, pregunta el Estado, y la respuesta es: “No importa, arreglátelas”. Esto es abstracto.
Me parece que es tan inconducente la decisión que estamos tomando hoy, tan poco seria, que por el solo hecho de ver cómo converge el voto por el rechazo, que es poco claro, merecería un marco absolutamente distinto.
En este momento el ministro de Economía está en plena ejecución del canje de la deuda. Seguramente, esta decisión no pasará de ser más que una señal política. Por más que sea considerado un decreto delegado o, como lo consideramos nosotros, un decreto en uso de las facultades propias del Poder Ejecutivo, los efectos están concluidos.
Todo esto está bien, pero la verdad es que estamos debatiendo desde hace cuatro horas y media para dar una señal política que tiene otra finalidad. No es algo que este cuerpo no tenga que dar, porque para eso somos un organismo institucional que emite señales políticas en forma permanente. Pero la señal política que emitimos hoy es de una alta irresponsabilidad. Es así.
Ni siquiera los que votan por el rechazo están convencidos de que ésa sea la alternativa. Pero nadie se animó a ver cómo construíamos una alternativa distinta. Esta es la verdad. Primó la lógica: hay que estar en contra; somos la oposición; marquemos la cancha; votemos en contra; digamos que no al gobierno; lo importante son los titulares de los diarios de mañana: “Trabas para el canje de la deuda”. Esta es la verdad. No nos engañemos más porque de esto se trata la decisión que hoy se está tomando.
Nosotros lamentamos esta situación, y lo digo seriamente, porque nos parecía que era un tema fácil. Sabemos que hay cuestiones difíciles. Sabemos que la reforma de la ley para el tratamiento legislativo de los DNU que consideramos días atrás era un tema difícil en el sentido de encontrar puntos de acuerdo. Existen otros asuntos que también son difíciles y donde seguramente vamos a tener miradas distintas. Eso es absolutamente correcto. Pero este era un tema relativamente fácil habida cuenta de que esta Cámara había votado por mayoría contundente la apertura del canje.
Este tema nos hubiese permitido tener una mirada común y no una que nuevamente nos ponga en un escenario de muchísima agresividad. Incluso, un diputado hizo referencia a la guerra. Así es muy difícil.
La sensación que me llevo es que se buscaron distintos argumentos: algunos tenían algún matiz técnico; otros, algún matiz predominantemente político, pero ninguno apuntaba a la cuestión de fondo ya que perseguían el único objetivo de oponerse al gobierno.
Nuevamente se confunden las cosas. El actual gobierno de los argentinos está al frente del canje de una deuda defaulteada que no generó. De todos modos, trata de llevarlo adelante y de consolidarlo para que este año la Argentina definitivamente pueda salir del default. Este beneficio lo va a recibir el próximo gobierno, sea quien sea la próxima administración.
Entonces, me parece que es un tema lo suficientemente fuerte y con connotaciones de política de Estado como para que la respuesta de este Congreso sea más que una riña de gallos. Sin embargo, volvimos a la riña de gallos.
No volvimos a discutir sobre las cuestiones de fondo. Esto es lo que ha pasado. Nosotros vamos a acompañar el dictamen que votó el oficialismo en la Comisión Bicameral. Nos parece que es el sentido del voto que debemos dar hoy en el Congreso de la Nación.
Lamentamos muchísimo que la decisión de los bloques de la oposición haya sido en otro sentido. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- La Presidencia informa que hay diputados y algún bloque político que han solicitado autorización a la Cámara para abstenerse.
Se va a votar si se los autoriza a abstenerse.
-- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Quedan autorizadas las abstenciones solicitadas.
Conforme hemos procedido en oportunidades anteriores, existiendo dos dictámenes de la Comisión Bicameral –ninguno de mayoría si hubiera asentimiento procederemos a su votación de la siguiente forma: los que estén de acuerdo con el primer dictamen, es decir el que habla de tomar conocimiento del decreto 1.953 del 9 de diciembre de 2009, apretarán la tecla “sí”; los que estén de acuerdo con el dictamen número II, que textualmente dice: “Rechazar el decreto delegado 1.953/09 por falta de adecuación a los requisitos sustanciales por la Constitución…”, apretarán la tecla “no”.
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
SRA. CONTI, DIANA BEATRIZ.- Señor presidente: ésta es una sesión pública del Congreso Nacional. Aunque el presidente del bloque radical explicó el sentido de su voto, el rechazo es por abstracción, por objeto cumplido del decreto. Esto no es lo que dice el dictamen que seguramente van a acompañar.
Como los efectos del decreto están cumplidos, sepamos que el resultado de esta votación será inocuo, a los fines de que la Argentina salga adelante con su desendeudamiento. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA.- Señor presidente: la verdad es que no sé cuál es la preocupación del presidente del bloque del Frente para la Victoria. Que se pase a votación. Lo que se está votando es el segundo dictamen, y es por “no”.
La diputada preopinante ha contradicho al presidente del bloque. ¿Qué problema tienen si es abstracto?
SR. PRESIDENTE FELLNER.- No hay ninguna duda entonces en la votación.
Con el asentimiento de la Cámara se va a votar nominalmente en el sentido informado por esta Presidencia.
-- Se practica la votación nominal
VER LISTADO DE LA VOTACION
-- Conforme al tablero electrónico, sobre 226 señores diputados presentes, 98 han votado por la afirmativa y 117 por la negativa, registrándose además 10 abstenciones.
SR. SECRETARIO (HIDALGO).- Por el dictamen I, 98 votos; por el dictamen II, 117 votos. (Aplausos.)
-aquí votación nominal
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Dejan constancia de su voto afirmativo los señores diputados Acosta e Irrazábal.
Queda aprobado el dictamen II de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
Se harán las comunicaciones pertinentes.
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DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 3° DE LA LEY 25.413 DE COMPETITIVIDAD
0010-S-2010 - 0010-S-2010 - 0010-S-2010 - 0010-S-2010 -
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el cual se deroga el artículo 3° de la ley 25.413 de competitividad y sus modificatorias (expediente 0010-s-2010).
-aquí PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN CONTENIDO EN EL expediente
SR. PRESIDENTE FELLNER.- En consideración.
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. AGUAD, OSCAR RAUL.- Señor presidente: como es de público conocimiento se ha generado una controversia respecto del proyecto contenido en el expediente 0010-s-2010 que figura en los boletines de Asuntos Entrados números 7 y 8.
En este caso entendemos que corresponde claramente la aplicación del artículo 122 del reglamento de la Honorable Cámara, que dice: “Cuando el Poder Ejecutivo presentare algún proyecto, será anunciado y pasará sin más trámite a la comisión respectiva. Lo mismo se observará con las sanciones procedentes del Senado”.
Al no haberse consignado el giro a las comisiones entendemos que corresponde al pleno del cuerpo decidir sobre el mismo, y en función de ello queremos hacer una moción: que se dé giro del proyecto de ley en revisión contenido en el expediente 0010-s-2010 juntamente con las notas intercambiadas entre los señores presidentes de ambas Cámaras a la Comisión de Asuntos Constitucionales como cabecera, y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Simplemente, quiero hacer una consideración. Este giro que solicitamos a las comisiones respectivas no incluye la discusión de fondo de la cuestión, tema que ha planteado el oficialismo. Sin embargo, la decisión del Senado de aprobar con mayoría no agravada la derogación del destino específico que tenía el impuesto al cheque es válida y debe aceptarse como tal.
La Constitución reformada en 1994 proclamó, como la anterior, que todos los impuestos son coparticipables con excepción de los que tengan asignación específica. En la deliberación de aquella Asamblea Constituyente quedó claramente establecido que esto se hacía en protección de las provincias. De modo que cuando se efectúa alguna quita a los recursos coparticipables a través de una asignación específica, para defender a las provincias se requiere de una mayoría agravada, es decir, mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Obviamente que para devolver a las provincias esos recursos no hace falta dicha mayoría.
Hay una enorme cantidad de decisiones tomadas por este Congreso en ese sentido. Voy a citar la última, del 14 de octubre de 2009. En presencia del señor presidente del cuerpo y del señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se debatía el impuesto a las ganancias, concretamente la derogación del inciso l) del artículo 20 de la ley 23.966, y se decía que no se trataba de modificar asignaciones específicas sino de derogarlas, y que esto no requería mayorías especiales.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: deseo hacer uso de la palabra por haber sido aludido. O han leído muy mal la versión taquigráfica o no están entendiendo absolutamente nada de impuestos. Lo que estábamos eliminando en ese momento no era un impuesto sino una exención dispuesta por el inciso l) del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Vamos a explicar concretamente este asunto, para que cualquiera pueda entenderlo; no hace falta ser contador. Al eliminar esa exención lo que hacemos es aumentar el monto de la base de recaudación del impuesto. No estábamos eliminando la distribución. Repito: lo que se elimina no es un impuesto sino una exención. Las diferencias técnicas son abismales. Entonces, o no leyeron bien o se están guiando por diarios que escriben cosas que no están en la versión taquigráfica o no están entendiendo absolutamente nada de impuestos. Confundir una exención impositiva con un impuesto es en verdad una aberración. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
SR. AGUAD, OSCAR RAUL.- Señor presidente: vamos a tener que estudiar el tema impositivo, obviamente, pero acá tampoco se deroga un impuesto sino que se está agrandando la masa coparticipable. Es exactamente lo mismo.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. MARCONATO, GUSTAVO ANGEL.- Señor presidente: no quiero debatir con el presidente del bloque radical, pero ahora también modifica la Constitución. Lo que están modificando es la distribución. No le están dando más plata al impuesto, al fondo que distribuye. Lo que están haciendo es modificar la distribución del impuesto al cheque. No están diciendo que con esta modificación el impuesto al cheque, en lugar de recaudar 23.000 millones de pesos va a recaudar 26.000 millones, que es el ejemplo que di anteriormente. Con esta eliminación están haciendo un cambio en la distribución, están modificando la distribución; no están aumentando los ingresos del impuesto al cheque.
SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA.- ¡Pido que se vote, señor presidente!
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
SR. ROSSI, AGUSTIN OSCAR.- Señor presidente: la verdad es que este es otro de los temas a los que yo caratulo como las consecuencias nefastas que pagamos los diputados por los desaciertos de los senadores de la oposición en el Senado de la Nación. Por ejemplo, cuando un día se levantaron y desplazaron a la senadora Rojkés de Alperovich, modificando la composición de la única comisión permanente que tiene jerarquía constitucional porque la proporcionalidad está establecida por la Constitución Nacional , y nos acarrearon tantos problemas.
Recuerdo aquella sesión en la que estábamos tratando un decreto, vino una orden judicial que impugnaba la conformación de la comisión y sucedieron todas las cosas que pusieron siempre a la Cámara de Diputados al borde del ridículo. Esto fue producto de una decisión desacertada que después el vicepresidente de la República completó, porque en lugar de aceptar la decisión de la Justicia la apeló. La Cámara también convalidó la sentencia del juez en primera instancia. Recién ahí el vicepresidente de la Nación decidió cumplir con la orden de lo que significa la integración de la Comisión Bicameral.
Lo que están tratando de hacer hoy es convalidar el desatino constitucional del Senado de la Nación en la modificación de la coparticipación del impuesto al cheque.
Por cierto, todos sabíamos previamente al debate de la modificación de la coparticipación del impuesto al cheque que esa modificación y ese debate requerían una mayoría especial, tal cual lo indica nuestra Constitución Nacional en su artículo 95. Siempre ha sido así; siempre lo consideramos así, y no sólo el Senado no cumplió con lo que dice la Constitución Nacional sino que, lamentablemente, los señores senadores de la oposición en ese momento nos hicieron trampa. Y digo que nos hicieron trampa porque antes de iniciar la sesión todos sabíamos que para aprobar esa modificación se necesitaba una mayoría especial, pero cuando en el desarrollo de la sesión se dieron cuenta de que no la lograban decidieron, a través de la modificación de un articulado y mediante una forzada interpretación de la Constitución, aprobar la modificación de la coparticipación del impuesto al cheque con mayoría simple.
Ciertamente, a partir de ahí empezaron todas las desavenencias. Nuestro bloque de senadores planteó una impugnación clara y contundente de esa Cámara, el vicepresidente de la Nación rápidamente le envió al presidente Fellner esa sanción –creo que no pasaron horas desde su aprobación y usted, diputado Fellner,con un criterio que nosotros respaldamos, rechazó en primera instancia esa sanción y el señor vicepresidente de la Nación devolvió a la Cámara de Diputados la misma sin ni siquiera analizarla o tener la gentileza de evaluar en forma más concienzuda todos los elementos que el señor presidente de este cuerpo le daba del por qué había rechazado esa sanción.
Después tuvimos distintos intentos aquí, en la Cámara de Diputados, de ingresar y salir adelante con este trámite. Y en verdad yo siento que persistimos en el error; y persistir en el error es equivocarse dos veces.
Si los senadores hicieron las cosas mal no tiene por qué esta Cámara de Diputados convertirse en cómplice de la violación de la Constitución que hicieron los señores senadores de la oposición y el vicepresidente de la República.
La Cámara de Diputados tiene una enorme oportunidad de corregir, de enderezar, de modificar ese mal trámite constitucional que han llevado a cabo en el Senado de la Nación.
Todos sabemos de qué estamos hablando. Todos sabemos que si los senadores de la oposición hubiesen tenido los 37 votos no hubiesen hecho la interpretación que hicieron para aprobar el proyecto de ley con 35, y aun haciendo esa modificación no hubiesen interpretado forzosamente la Constitución de la manera que lo hicieron. Pero volvieron sobre lo mismo.
Vuelvo a decirlo: existen las crónicas periodísticas, las declaraciones anteriores al debate en el recinto del Senado. Todos sabíamos que se trataba de una ley significativa que requería mayoría especial.
La mayoría especial no depende solamente de si se les saca o se les pone a las provincias, porque en verdad hay un montón de ejemplos. Cuando empezó a aplicarse el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, el ciento por ciento iba al Tesoro Nacional.
Cuando se coparticipó el 30 por ciento a las provincias no se aprobó con mayoría simple. Se aprobó con mayoría especial en ambas Cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
La Constitución y los constituyentes son muchos más sabios que una simple cuenta. Ellos buscaban trasmitir otra cosa, algo más profundo, y no una cuenta en el sentido de si se le saca a una administración o a otra.
En realidad en la Constitución nunca está puesta la tensión permanente que quieren generar ustedes, señores diputados, o que quieren generar algunos dirigentes de la oposición a fin de imponerla entre Nación y provincias, porque la Constitución no fue pensada en términos de tensión entre Nación y provincias. Entonces, mal puede diferenciar qué favorece a la Nación y qué favorece a las provincias.
Cuando la Constitución estableció mayorías especiales en algunos temas, lo hizo porque en ellos intentó concretar una estabilidad superior en relación con cualquier otro. Lo que se intentó con la mayoría especial, alrededor de todas las normas tributarias o en la mayoría de ellas, fue dar estabilidad fiscal a la Nación y a las provincias para evitar que, ante cualquier composición transitoria, en cualquier momento u oportunidad, una mayoría simple lograse la modificación de la ecuación fiscal entre la Nación y las provincias.
En el caso mencionado eran 35 senadores contra 34 o 33, pero con el mismo criterio de la mayoría simple en esta Cámara de Diputados se podría modificar la coparticipación de cualquier impuesto, simplemente cuando un sector consiga 129 diputados y que de esos 129 diputados cuente con la mitad más uno.
La Constitución dice exactamente lo contrario: no sólo hay que conseguir los 129 diputados sino que para votar hay que tener a favor 129 diputados para poder modificar la coparticipación y los sistemas de ingresos fiscales de Nación y provincias. Y eso no fue lo que pasó.
El señor presidente de este cuerpo hizo muy bien en rechazar la sanción y nosotros nos equivocamos, ciertamente, al persistir en el mantenimiento de esa equivocación.
Sería mucho más sano institucionalmente que esta Cámara de Diputados en su conjunto rechace esa sanción, que la devuelva al Senado y que éste haga lo que tiene que hacer, que es mandarla al archivo porque esa sanción es absolutamente inválida. Y más porque esta Cámara de Diputados alguna vez también trató la modificación del impuesto al cheque, no sólo la modificación sino la derogación del artículo 3º, y lo hizo con la mayoría especial que exige el artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional.
Tengo aquí una comunicación que con fecha 7 de noviembre de 2001 le envió el entonces presidente de la Cámara de Diputados, que era el ex diputado Pascual, al entonces presidente del Senado, Mario Losada. Dice así: “Tengo el honor de dirigirme al señor presidente comunicándole que esta Cámara ha sancionado en sesión de la fecha, con la mayoría requerida por el inciso 3º del artículo 75 de la Constitución Nacional, el siguiente proyecto de ley que pasó en revisión al Honorable Senado de la Nación”. El proyecto de ley es la modificación del artículo 3º de la ley de impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Dice así: ‘Deróguese el artículo 3º de la ley 25.403. El producido del gravamen establecido en dicha ley será distribuido en forma diaria y automática conforme a los porcentajes establecidos en el régimen de coparticipación de impuestos vigente”.
Está claro que la Cámara de Diputados en ese momento derogó de la misma manera que la Cámara de Senadores lo hizo en su sesión de hace unas semanas. Y en ese momento, señor presidente, la Cámara de Diputados utilizó el artículo 75, inciso 3), para darle la mayoría especial establecida: hubo 143 votos afirmativos.
Voy a nombrar algunos de los diputados que estaban presentes en esta Cámara en aquel momento y que hoy están presentes en el recinto del Senado de la Nación. No voy a aclarar quiénes votaron a favor y quiénes lo hicieron en contra, porque esto cualquiera lo puede averiguar recurriendo a la versión taquigráfica. Simplemente, voy a mencionar a los entonces diputados que participaron en esa sesión y asintieron que la derogación del artículo 3º, sobre coparticipación del impuesto al cheque, se aprobaba con mayoría especial: Camaño, Graciela; Carrió, Elisa; Daher, Zulema; Díaz Bancalari, José María; Giannettasio, Graciela María; Giustiniani, Rubén Héctor; la actual senadora González de Duhalde, Hilda; el actual senador Jenefes, Guillermo Raúl; el auditor y ex diputado Lamberto, Oscar; la senadora Latorre, Roxana; López Arias, Marcelo; el ex diputado Lusquiños, Luis; Macaluse, Eduardo; Obeid, Jorge; el actual senador Pampuro, José; el actual senador Pichetto, Miguel; los entonces diputados Puerta, Federico; Quiroz, Elisa; Rivas, Jorge; Baglini, Raúl -en realidad a Baglini no sé por qué lo incluyeron, ya que ahora no es diputado; pero por algo lo habrán incluido-; Giubergia, Miguel Ángel, y algunos más que pueden tener en cuenta. El proyecto era del actual diputado Marcelo López Arias.
Espero, señor presidente, que esta Cámara de Diputados no borre con el codo lo que escribió en la votación de julio de 2001 en cuanto a las mayorías. Esa votación tira por la borda el intento de argumentación de que cuando se deroga no se modifica, que ya desde el vamos es insostenible, porque la derogación es la expresión máxima de la modificación.
Entonces, señor presidente, me parece que existen elementos más que suficientes para que esta Cámara de Diputados siga trabajando como lo hizo en 2001.
Hay muchos diputados que participaron de esa sesión de 2001, donde se aprobó un texto similar al del Senado. Se obtuvo la mayoría especial requerida, y así se comunicó.
Quieren empezar a transitar otro camino. Como dije cuando modificaron el reglamento, intentan construir la Cámara del todo vale. Si no consiguen el número necesario buscan argumentos con tal de imponer las mayorías, sean o no calificadas.
Nosotros tenemos la responsabilidad de modificar el rumbo del Senado y no ser cómplices en un debate inconstitucional. Los señores diputados pueden utilizar el argumento de que alguna vez votaron con la mayoría que requiere el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución. Así que ahora: ¡rechacen la norma del Senado!
Nosotros no vamos a convalidar este fraude institucional que no respeta la Constitución argentina. No vamos a convalidar la decisión inconstitucional del Senado. Espero que ustedes hagan exactamente lo mismo.
Este bloque se va a retirar. (Aplausos.)
-- El bloque del Frente para la Victoria se retira del recinto.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tengo varios señores diputados anotados para hacer uso de la palabra: Bonasso, Lozano, Pansa, Carrió, Giubergia y Solanas, en ese orden.
La Presidencia desea saber si estos legisladores van, efectivamente, a hacer uso de la palabra.
-- Varios señores diputados hablan a la vez.
SRA. CARRIO, ELISA MARIA AVELINA.- Señor presidente: formulo moción de orden de que se pase a votar.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Se va a votar la moción formulada por el señor diputado Aguad para que el proyecto de ley en revisión pase a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
-- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Se procederá en consecuencia. (Aplausos.)
Se va a votar si se efectúan en el Diario de Sesiones las inserciones solicitadas y a solicitar por los señores diputados.
-- Resulta afirmativa
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Se harán las inserciones solicitadas.
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. BULLRICH, PATRICIA.- Señor presidente: en el temario había otros temas pendientes que, si le parece, podríamos votar en un solo acto.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Hay dictámenes de mayoría y de minoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
3
MOCIÓN DE ORDEN
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
SRA. BULLRICH, PATRICIA.- Señor presidente: hago moción de que se levante la sesión y de que la semana que viene nos reunamos en una sesión de tablas.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL.- Señor presidente: considero que habiendo diputados que han pedido hacer uso de la palabra hay que concedérsela para que puedan expresarse.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Vamos a discutir el tema brevemente, porque la moción de que se levante la sesión es de orden.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
SR. SABBATELLA, MARTIN.- Señor presidente: nuestro bloque pide que quede constancia del sentido de nuestro voto en la última votación que se llevó a cabo. Si bien no estamos de acuerdo con levantar la sesión porque creemos que es importante debatir aquí el tema, compartimos que en el Senado no se cumplió con la reglamentación ni con la Constitución.
Queremos aclarar nuestra posición porque se realizó una votación a mano alzada. Queremos dejar en claro el sentido del voto que emitimos. Todo nuestro bloque votó en contra.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Quedará constancia de sus expresiones, señor diputado.
Se va a votar la moción de orden de que se levante la sesión.
-- Resulta afirmativa.
SR. PRESIDENTE FELLNER.- Por lo tanto, queda levantada la sesión.
-- Es la hora 19 y 2.
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